Dentro de unas pocas fechas se cumplirán los primeros 100 días de la aparición en los medios de comunicación del CatalanGate, el mayor caso de espionaje conocido en Europa y que afectó muy directamente a 65 independentistas, según informó el laboratorio de la Universidad de Toronto Citizen Lab. El caso desvelado el pasado mes de abril por Citizen Lab y que contó con la colaboración de The New Yorker tuvo un enorme impacto, ya que entre los nombres que aparecieron estaban tres presidents de la Generalitat —Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas— así como varios consellers, políticos diversos, activistas, informáticos, empresarios, periodistas y un largo etcétera.

Pasados tres meses, el masivo caso de espionaje que puso los pelos de punta a la opinión pública y que pudo realizarse gracias al software israelí Pegasus ha desaparecido prácticamente de la agenda política. El gobierno español lo zanjó con la dimisión, al cabo de unas semanas, de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, un cargo, evidentemente, de perfil bajo para lo que estaba en juego, que era, nada más y nada menos, que la credibilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Las peticiones de la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, o de creación de una comisión de investigación parlamentaria cayeron en saco roto. El PSOE no necesitaba hacer números en el Congreso de los Diputados, ya que tanto el Partido Popular como Vox y los restos que quedan del naufragio de Ciudadanos iban a ser suficientes para bloquear cualquier iniciativa que pretendiera aclarar lo que ha sucedido.

Si políticamente nada se hizo, tampoco ha habido avances judiciales significativos que permitan confiar en que haya una iniciativa que estire del hilo. Más bien, cabe pensar que el Estado ha tejido una imperceptible malla que hará que si no hay nuevos avances en el plano internacional, el caso de espionaje acabe desfigurándose. Por eso es importante que la investigación que continúa realizando Citizen Lab dé más bien pronto que tarde nuevas noticias de su investigación, pues al ser un organismo privado no está sometido al escrutinio de ningún gobierno. Consta que siguen trabajando en ello después de la primera entrega de nombres y solo es cuestión de tiempo.

Mientras tanto, en esto, como en tantas otras cosas, las únicas noticias llegan de Europa. Así este lunes hemos conocido que la asociación de juristas europeos, European Democratic Lawyers, ha denunciado el espionajes con Pegasus a los políticos independentistas y, en especial, han lamentado que entre los espiados haya siete abogados: Gonzalo Boye, Josep Costa, Jaume Alonso-Cuevillas, Andreu Van den Eynde, Joaquim Jubert, Josep Rius y Jordi Domingo. La asociación ha considerado los hechos especialmente graves y ha exigido explicaciones claras de los responsables de estos hechos, cuando se ha hecho con mandato judicial, e investigar a fondo cuando se ha realizado sin ningún tipo de control.

Lo preocupante en España es que no haya una cultura democrática que fuerce una reacción contra los responsables de esta acción ilegal de espionaje. Al contrario, lo que hay es un cierre de filas que salva y protege a los que han actuado contra el independentismo. Ahora, con las grabaciones de Villarejo estamos teniendo acceso a una forma de comportarse del Estado que avergonzaría a cualquiera. Porque Villarejo no era un satélite alrededor del Estado, durante muchos años fue un servidor utilizado para hacer los trabajos sucios que otros no querían hacer y se los encargaban.