¿Será el próximo 2 de febrero la fecha en que Pedro Sánchez tirará a la cuneta a sus socios independentistas para entregarse en manos de Ciudadanos donde le espera la necesitada Inés Arrimadas? ¿El presidente del no es no que ha aprobado una reforma laboral maquillada —nada que se parezca a su compromiso de derogación, ya que Europa no le dejaba ningún margen— con la CEOE, que ningún partido a su izquierda le compra, encontrará una vía para que sus socios vuelvan al redil y la patronal española no se enfade? ¿El gran mago de promesas incumplidas se ha quedado sin conejos en la chistera para hacer nuevamente uno de sus trucos habituales en que detrás de la pirotecnia mediática acaba no habiendo nada? 

La convalidación del decreto de modificación de la reforma laboral del PP es, como muy bien explicaba en El Nacional este domingo Nicolas Tomás, una auténtica prueba de fuego para Pedro Sánchez y el gobierno de Unidas Podemos. Que, además, se produce en el ecuador de la legislatura y con exámenes en el corto plazo tanto para el PSOE como para Esquerra Republicana que, hoy por hoy, es el principal aliado parlamentario del inquilino de la Moncloa y muleta imprescindible si no quiere caer en manos de una formación tan escorada a la derecha como Ciudadanos.

Los socialistas maniatados por Europa por el incremento desbocado del gasto público tienen un examen permanente con Bruselas que les ha acabado aplicando una auténtica llave de judo para que la reforma laboral fuera tan solo una mano de pintura a la legislación de Mariano Rajoy. Entre Bruselas, por un lado, y la patronal CEOE por otro que le impide cualquier retoque que pudiera satisfacer a ERC, Bildu o Junts, Sánchez mira de hacer piruetas para convencer como hasta la fecha. Además tiene en tan solo tres semanas el examen de las autonómicas de Castilla-León, donde el Partido Popular tiene una posición muy sólida para conservar el gobierno bien sea por mayoría absoluta —muy difícil— o con el concurso de Vox.

A ello se suma la fragilidad del gobierno con Unidas Podemos, acostumbrado, como el ejecutivo catalán, a desencuentros que al ser tan permanentes parece que, incluso, formen parte del paisaje. El ejemplo más claro ha sido como el PSOE ha pasado por la trituradora al ministro Alberto Garzón (IU) por unas frases nunca dichas sobre la industria cárnica española. La presión de la derecha política y mediática ha sido tan grande y la cintura política del PSOE tan estrecha que Garzón ha acabado siendo criticado por todos, incluso por sus socios de gobierno.

La situación de Esquerra no es mucho más cómoda ante la evolución de la legislatura española en la que ha apostado por el apoyo parlamentario al gobierno de Sánchez con escaso rédito hasta la fecha. Ello ha generado una inquietud creciente en las filas republicanas, necesitadas de triunfos políticos para tranquilizar a su parroquia. En medio de todo ello, una reforma laboral insuficiente en un plato demasiado indigesto a estas alturas de la legislatura y con tanto debe en la casilla de acuerdos incumplidos por parte del PSOE.

Eso por no hablar de la mesa de diálogo que debía reunirse a principios de enero y que, en estos momentos, no tiene ni fecha de convocatoria ni una agenda de los temas que se van a discutir.  Y, por encima de esta casuística, una extendida sensación de que para los socialistas la agenda catalana y la solución al conflicto político existente no forma parte de sus prioridades ni a corto, ni tampoco a medio plazo.