El presidente del Gobierno español ha puesto encima de la mesa, coincidiendo con la negociación de los presupuestos generales del Estado, la posible modificación del Código Penal para reducir el delito de sedición y adaptarlo, dice, a lo que sería la media de los países europeos. Se trataría, según Pedro Sánchez, de reducir la pena actual fijada entre 10 y 15 años a una franja que no ha concretado, pero que podría muy bien quedar en alrededor de 5 años. Todo apunta, o al menos esto es lo que se nos quiere hacer creer, que el Gobierno español no va de farol y estaría dispuesto a sacarlo adelante antes de las elecciones municipales. E incluso públicamente el presidente español ha señalado que tirará adelante su iniciativa si cuenta con el visto bueno garantizado de los diputados de Esquerra Republicana, ya que no quiere que el proyecto sea rechazado por el Congreso.

Como siempre pasa, detrás de cualquier titular tan llamativo hay siempre la letra pequeña que acostumbra a ser siempre la importante. En el caso de delito de sedición hay dos cosas que son fundamentales: ¿además de la reducción de penas, la consideración del delito contemplaría, para entrar dentro del capítulo de la sedición, el uso de la violencia, algo que sí contemplan otros códigos y no el español? ¿No es una manera de renunciar definitivamente a la reclamación de la amnistía que era el punto de unión entre las tres fuerzas políticas independentistas y las entidades soberanistas? Porque, lo cierto es que, como se vio en el pasado, cuando se activaron desde España las euroórdenes para detener al president Carles Puigdemont en 2018 y enviarlo de regreso a España, tras ser encarcelado en la prisión de Neumünster, la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein solo estaba dispuesta a entregarlo para ser juzgado por malversación.

Es muy importante recordar esto, ya que más allá de los años de condena está el núcleo central del debate: qué se entiende por sedición. ¿Queremos caminar hacia una convergencia con Europa donde hay países que no tienen tipificado el delito, o queremos seguir yendo por libre aunque sea con una capa de barniz para disimular? Porque si no hay acuerdo en eso, hablar de años es un brindis al sol. Desde el principio del debate, que ya se planteó antes de la concesión de los indultos a los presos políticos (junio 2021), y quedó en vía muerta porque Pedro Sánchez optó por la medida de gracia que no tenía que llevar al parlamento, el Gobierno español ha sido esquivo. Sabe que la derecha le espera a la vuelta del camino y utilizará a fondo la modificación del delito de sedición como arma electoral. Ya se ha visto con la negociación para la renovación del CGPJ que parecía estar a punto y que el PP ha paralizado hasta que Sánchez de un paso atrás.

Los partidos independentistas catalanes se mueven entre la cautela de ERC con la revisión, y la oposición de Junts y de la CUP, que aceptan tan solo la derogación del delito. De entre las muchas maneras que hay para expresar algo más que un toque de atención a la iniciativa de Sánchez está este tuit de Joseba Azkarraga, casi ocho años consejero de Justicia en el País Vasco y con una larguísima trayectoria política. Dice Azkarraga: "El debate no puede ser si el delito de sedición puede o no reducir a la mitad la privación de libertad. El debate tiene que ser si poner urnas puede considerarse, o no, delito. Y eso fue y será siempre, un ejercicio de democracia". No hay muchas maneras de decirlo más claro, más fácil y más entendible: aceptar el marco mental español de que el 1-O fue delito es una línea roja que el independentismo no debería cruzar. Sobre todo, porque, en el futuro, quien sabe, permitiría una condena avalada con un nuevo Código Penal que se habría aprobado con sus votos.

Hace falta unas garantías que no existen, que Pedro Sánchez no quiere dar, y aunque está bien pensar en el pasado, también hay que pensar en el futuro. Entre otras cosas, porque la experiencia enseña que muchas veces uno tiene la impresión de que la Justicia española primero establece los años de condena y después los cuadra con los delitos correspondientes. Y si han de ser 12 años de prisión dirán 12 años de prisión se modifique o no el Código Penal y ya acabará creciendo otro delito. Y lo importante es no perder de vista qué hizo la Justicia alemana en 2018: ni rebelión, ni sedición. En todo caso, malversación. Nada más. Este es el camino y cualquier otra cosa es un atajo hacia un camino desconocido.