La audiencia previa que ha celebrado este viernes el Tribunal de Cuentas -el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de las diferentes administraciones del Estado- ha dejado claro que la denominada desjudicialización al referirse al independentismo tiene mucho de literatura escrita, hablada y vista, pero muy poco de realidad. En la audiencia que ha servido para preparar el juicio a los presidents de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, al vicepresident Oriol Junqueras, y a otros 32 altos cargos a los que la Fiscalía acusa de haber malbaratado 3,4 millones de euros públicos entre el 1-O y la promoción de Catalunya en el extranjero entre 2011 y 2017 -Societat Civil Catalana eleva esta cantidad a 5,3 millones-, quedó meridianamente claro que se está muy lejos de entrar en una fase diferente respecto a la represión de la vivida desde 2017.

Poco parece importar que por en medio haya habido contra los implicados procesos penales tanto en el Tribunal Supremo como en el TSJC, y también haya habido condenas. El Tribunal de Cuentas, que tiene poco, o sea nada, de tribunal de justicia, aunque el nombre pueda llevar a confusión, viene a ser en este caso como un segundo filtro para ver qué más puede hacerse para arruinar la vida de los afectados. En este caso solo hay dinero por en medio, pero, como se observa, en cantidades no menores. Es cierto que con la salida del Tribunal de Cuentas de la famosa exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante y un par más de miembros de la derecha se ha levantado el pie del acelerador y parece haber algo menos de beligerancia. De los 9,4 millones de euros de aquella primera etapa se ha rebajado a 3,4 millones, 1,2 del 1-O y 2,2 de la promoción exterior de Catalunya durante los siete años citados antes.

La implacable agenda represiva contra el independentismo deja muy pocas dudas sobre lo que hemos dicho más de una vez: las leyes y las interpretaciones de las leyes. En España sucede, en ocasiones, algo ciertamente insólito: la voluntad del legislador tropieza a las primeras de cambio con aquella frase tan castiza de "ya veremos que harán los jueces". Los estamos viendo con la polémica que se está produciendo alrededor del Código Penal para suprimir la sedición, el nuevo delito de desórdenes públicos agravados y la modificación de la malversación, y la consiguiente discusión entre catedráticos de las diferentes ideologías. Claro que hay discrepancias de valoración a la hora de ver si lo aprobado, por ejemplo en el caso de los delitos públicos agravados, es o no un problema al chocar con el derecho de protesta. Pero cualquier debate acaba cuando sale la palabra interpretación, que viene a querer decir que vaya usted a saber.

No se podrá hablar de desjudicialización en este caso concreto hasta que el Tribunal de Cuentas deje de hacer una fiscalización política y abandone la implacable persecución que ha hecho a 35 servidores públicos simplemente porque no le gustaba lo que hacían. Ha sido muy fácil reconvertirse en un tribunal más, en este caso dedicado a buscar la ruina de las personas implicadas e intentar acabar con su patrimonio, forzándoles a embargar sus inmuebles y bienes. Pero ahora, con el nuevo Tribunal de Cuentas, y con otras mayorías que no son las históricas alrededor del PP, veremos el PSOE si está dispuesto a arremangarse. No un poquito o una rebaja que no llegue a molestar más de lo necesario, sino anulándolo todo. Sería lo que correspondería a estas palabras siempre peligrosas y fáciles de Pedro Sánchez manifestando que el procés, tal como él lo entiende, ha acabado y a la vista está, dice, la situación política en Catalunya, que el Govern haya abandonado la vía unilateral por la independencia y que no esté previsto ni ahora ni en el futuro un acuerdo sobre un referéndum.