A la vuelta del pasado verano, el PSOE aceptó a regañadientes la demanda del independentismo catalán y vasco, a la que no tardó en sumarse Unidas Podemos, para crear la tercera comisión de investigación en el Congreso de los Diputados relacionada con las cloacas del Estado. Por 191 votos a favor y 153 en contra se acordó investigar la trama andorrana de la Operación Catalunya, un movimiento clave del Ministerio del Interior y la policía patriótica en un intento de conseguir información financiera secreta sobre los líderes independentistas presionando a la desaparecida Banca Privada de Andorra (BPA). A pocos días de que se cumplan seis meses de aquel compromiso político, los socialistas, muy metidos en el tramo final de la legislatura, sin necesidades perentorias en las votaciones y alejado el fantasma de un adelanto electoral, se muestran esquivos en su constitución, por más noticias que siguen apareciendo.
Los socialistas sabrán los pactos secretos que tienen con el Partido Popular en todos aquellos temas que afectan a la judicialización de la política en Catalunya. Es obvio que el régimen del 78 tiene en el PSOE un puntal fundamental, como se ha podido ver en diferentes momentos de la Transición. Cuando algo serio ha estado en riesgo en la arquitectura territorial, el PSOE no ha dudado en sumarse a la derecha para orientar una evolución centralista de España. Se vio con la muy lejana LOAPA, consecuencia, en parte, del golpe de estado del 23-F, pero, sobre todo, fruto del acuerdo a tres bandas entre la jefatura del Estado, los militares y los tres principales partidos, la desaparecida UCD, PSOE y Alianza Popular (luego PP). Los militares volverían a sus cuarteles y la democracia tutelada pondría punto y final a lo que se consideraba un desbarajuste autonómico.
El PSOE no tuvo que volver a ejercer su papel de partido del régimen hasta los hechos del otoño de 2017 en Catalunya. Como en la LOAPA, los socialistas apoyaron al PP de Mariano Rajoy y lo que sucedió después es de sobras conocido. La mayoría absoluta del PP en el Senado era suficiente para la aprobación del artículo 155 de la Constitución, la supresión de la autonomía y la destitución del Govern, pero el PSOE facilitó sus senadores y diputados a la derecha. Ahora sabemos, con pruebas más que fehacientes, que aquel gobierno actuó fuera de la ley, fabricó pruebas falsas y utilizó las cloacas del Estado de modo deleznable contra un movimiento democrático.
Es eso lo que están protegiendo los socialistas con sus idas y venidas con la Operación Catalunya. A lo mejor se entiende más fácilmente si lo juntamos con otra noticia sucedida este martes en el Congreso de los Diputados, donde PP y Vox han ayudado al gobierno del PSOE y Unidas Podemos a tumbar una comparecencia de Pedro Sánchez por los policías nacionales infiltrados en movimientos sociales en Catalunya y el País Valencià. El trabajo de todas las derechas en la Mesa del Congreso ha sido suficiente para blindar a Sánchez y que el tema no llegara ni a pleno. Será que favor con favor se paga y si el ministro Fernando Grande-Marlaska puede hacer declaraciones justificando la infiltración policial para evitar actos delictivos y quedarse tan tranquilo, ¿qué no pueden hacer a cambio los socialistas si lo que está en juego es evitar que salga a la superficie toda la podredumbre que esconde la Operación Catalunya?