Para este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar a una decena de los investigados por el caso Tsunami y sobre los que pesa una investigación por terrorismo. Ya se puede asegurar que solo uno de los citados por el juez, la dirigente de Esquerra Marta Molina, se personará en el juzgado de Barcelona autorizado para la videoconferencia con el juzgado de Madrid, ya que las otras seis personas citadas se han exiliado ante el temor de que García-Castellón tome medidas que afecten a su libertad, como solicitan las acusaciones particular y popular, formadas por dos agentes de la policía española y entidades españolistas (Vox, Dignidad y Justicia y Sociedad Civil Catalana) por el riesgo de huida, porque el resto de los citados no se presentarán. Entre ellos, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra y Josep Campmajó, que residen en Suiza, y el exconseller republicano Xavier Vendrell, que reside en Colombia.

Cuando comparezca este miércoles Marta Molina, faltarán siete días para que el Congreso de los Diputados apruebe definitivamente la ley de amnistía, después de que haya superado el primer trámite en la cámara baja, haya sido enviada al Senado controlado por el PP, que la rechazó, y haya sido devuelta a la carrera de San Jerónimo para su aprobación definitiva. La actuación de García-Castellón viene a reflejar una realidad que, por otro lado, no es ninguna novedad: la política y la justicia caminan por carriles tan diferentes que la aplicación de la ley de amnistía acabará siendo un trayecto empedrado y lleno de obstáculos. Si no, al tiempo. Por eso, no es exagerado recoger la esencia de lo manifestado por Molina unas horas antes de su declaración: "Soy consciente de que puedo ir a la prisión, y a siete días de que se apruebe la ley. No confío en la justicia, pero sí en la política".

La política y la justicia caminan por carriles tan diferentes que la aplicación de la ley de amnistía acabará siendo un trayecto empedrado y lleno de obstáculos

Por incómodo que sea reconocerlo, lo cierto es que podrá haber un debate político sobre si el procés se ha acabado o sigue existiendo. También podrá haber una discusión respecto a los resultados electorales del pasado 12 de mayo y la pérdida de la mayoría parlamentaria. Sobre si eso supone que el independentismo ha dejado de ser el movimiento que era en la década pasada o es que muchos de sus votantes se han quedado en casa, hartos de las batallas cainitas entre Junts y Esquerra. Todo ello, puede ser opinable. Pero lo que está fuera de discusión alguna es la persecución judicial al independentismo con nuevas inventivas que sean capaces de desbordar la ley de amnistía. En este caso, con acusaciones imaginarias de terrorismo, que además de los nombres apuntados, incluye también al president en el exilio, Carles Puigdemont, a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y al diputado republicano Ruben Wagensberg. Además de Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Jaume Cabaní y el italiano Nicola Foglia.

Por tanto, el elefante sigue aquí. El Estado mantiene posiciones represivas por más que la política haga avances. Y la amnistía es uno. No estará de más recordar que no hay peaje nuevo a pagar en los acuerdos firmados para la investidura de Pedro Sánchez. Esa era una condición de los pactos de aquel momento y lo cierto es que el día 30 se aprobará la amnistía y el presidente del Gobierno lleva disfrutando del cargo desde su reelección el 16 de noviembre. Si aislamos la amnistía como una condición por la investidura, del resto poco sabemos y menos se ha concretado. Se ha abierto la oficialidad del catalán en Europa, pero cada vez da más la impresión de que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto una marcha menos de velocidad; y la transferencia de Rodalies va más o menos como la infraestructura ferroviaria, con averías día sí y día también.

Y, por más vueltas que se dé, siempre se vuelve a la posición de partida.