El acuerdo entre lo que ya son en realidad tres socios del gobierno español —PSOE, Unidas Podemos y Sumar—, Esquerra Republicana y EH Bildu para sacar adelante una ley de vivienda a unas semanas de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo y a unos meses de las elecciones españolas del próximo diciembre, puede acabar siendo tan voluntarista y esperado por la ciudadanía como ineficaz en sus objetivos, que no son otros que topar el incremento del precio del alquiler, en 2024, en un 3%. Habida cuenta de que la vivienda en España es uno de los problemas más graves con un mercado tensionado en muchas de sus ciudades más importantes, lo que provoca la huida masiva de cada vez más franjas de ciudadanos jóvenes y no tan jóvenes por no poder hacer frente al alquiler, la pregunta a contestar es si esta ley va a servir para revertir la situación.

Y mucho me temo que, aunque la respuesta no sea agradable de escuchar, no puede ser, con seguridad, afirmativa. Entre otras cosas, porque hay muchas variables que no puede controlar nunca una legislación y que tienen mucho más que ver con los objetivos que tengan los propietarios de pisos, tanto los pequeños, que cuentan con una o dos viviendas, como los que a partir de ahora ya son considerados grandes tenedores si poseen cinco viviendas. Son muchas las voces del sector que sostienen que acabará produciéndose el efecto contrario al buscado por el legislador, ya que muchas de las viviendas hoy en alquiler pasarán a ser de venta, en un país donde el alquiler solo supone alrededor del 18% del parque inmobiliario, muy lejos, por ejemplo, del 49% de Alemania, con lo que, en la práctica, se reducirá la oferta en las zonas tensionadas. Otros bloques de pisos puede ser que acaben como pisos turísticos, quedando, por tanto, fuera del nuevo mercado de alquiler.

El escenario de conseguir el efecto contrario al buscado es lo que retenía al PSOE a la hora de suscribir el acuerdo, una posición que no ha podido mantener tras el pacto alcanzado entre Unidas Podemos, Esquerra y EH Bildu y la proximidad de las municipales. No moverse era tanto como cargar con la responsabilidad de que los socialistas no hacían nada para luchar contra los altos precios de alquiler y ello no era la mejor carta de presentación ante unos comicios que van a acabar siendo enormemente difíciles para Pedro Sánchez. En esta tesitura, lo mejor era subirse al carro y no tener un frente electoral abierto por esta cuestión con sus socios de gobierno y de legislatura.

La ley, que se tendrá que aprobar ahora en el Congreso y que los firmantes van a intentar que entre en vigor antes de las elecciones de mayo, también contempla una prórroga en los desahucios y la prohibición de realizarlos sin fecha y hora predeterminada, una antigua demanda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos y que tiene todo el sentido del mundo y evitará situaciones del todo inaceptables que hemos vivido. También está bien encaminada la idea de que los gastos y honorarios de las inmobiliarias corran siempre a cargo del propietario y no de los nuevos inquilinos y de que se cree a partir de 2025 un nuevo índice más estable que sustituya al IPC.

De todas maneras, como que lo mejor es no engañarse, hasta que haya una política seria, realista y sostenida en el tiempo de construcción o compra de vivienda social, todo lo que se haga tendrá una incidencia muy escasa. Y eso lo saben todos los gobernantes que se han acercado al problema. Lo que hay que hacer es exigirles que lo hagan, que no es lo mismo que prometer hacerlo en campaña electoral.