No deja de ser sorprendente que para corregir la desconfianza que existe hacia Pedro Sánchez en muchos sectores de la izquierda, el presidente español haya decidido tirar de su antecesor socialista en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, que ocupó la Moncloa entre 2004 y 2011. Zapatero está haciendo estos compases antes de entrar propiamente en campaña de zapador de la imagen de mentiroso que arrastra el presidente y de valedor de sus políticas en dos áreas tan controvertidas como polémicas: las relaciones con los independentistas catalanes y vascos, y las mejorías sociales y muy especialmente la defensa de las políticas feministas.

No hace falta ir mucho más atrás para ver cómo han cambiado los tiempos: quien nos prometía, en 2004, que Catalunya tendría el Estatut que los catalanes quisieran, validó dos años después que el entonces presidente de la Comisión Constitucional del Congreso pudiese proclamar tan ufano: "Nos hemos cepillado el Estatut". Fue el primer recorte del texto estatutario antes de que el Tribunal Constitucional, también bajo su presidencia, hiciera el estropicio de sobras conocido en 2010. Como el tiempo es una goma de borrar de todo tipo de errores en las biografías y después ha venido Sánchez, Zapatero juega a la perfección este papel de telonero del inexistente diálogo entre España y Catalunya.

Así, aboga por "normalizar" un retorno del president Carles Puigdemont a través "de un camino de respeto a la justicia" para "volver a la situación" anterior a su exilio. Una frase en su literalidad ininteligible, que no se sabe muy bien qué quiere decir, ya que dudo mucho que esté pensando en que normalizar su retorno quiera decir que ya puede volver a Catalunya cuando quiera. Más bien sería, en su pensamiento, previo paso por la prisión de Estremera y tras varios años de cárcel. Su pregonada voluntad, expresada en la entrevista en TV3, de concordia, diálogo y reconciliación, casan tirando a muy mal con la situación actual de cientos de personas o incluso algún millar en diferentes procesos judiciales pendientes de inhabilitación, multa económica o prisión por casos que se remontan al período entre 2017 y 2019.

Como dice el refrán, una cosa es predicar y otra dar trigo. Palabras como negociación o mesa de diálogo son, en principio, el camino para una solución. Siempre que su significado no sea pervertido tantas veces que todo quede en frases huecas que acaban perdiendo todo su valor. Lo único que ha habido han sido nueve indultos para los presos políticos —muy mediatizados, todo hay que decirlo, por la presión europea, absolutamente incómoda con la situación y con el horizonte de la presidencia para España de la UE durante este semestre— que, evidentemente, han sido un punto de inflexión para nueve personas condenadas injustamente y con decenas de años de prisión a sus espaldas. Evidentemente, nada que tenga que ver con la solución del conflicto político, ni con los problemas de todo tipo que abordan todos los que esperan en el corredor de la justicia española.

En cualquier caso, Zapatero, que se ha atribuido buena parte del mérito de haber conseguido bajo su presidencia acabar con ETA —un hecho objetivamente incuestionable—, nunca ha negado que estaría dispuesto a mediar para la solución si tuviera una palanca en la que apoyarse. Al final, en política, las palancas son la capacidad de poder condicionar gobiernos en España y esa ventana de oportunidad se produciría si PP y Vox no sumaran mayoría absoluta el 23-J. Y si los partidos independentistas pudieran, supieran y quisieran aprovechar la oportunidad bajo la premisa, difícil, de eso o nada.