Tal día como hoy del año 1974, hace 50 años, en Badalona (en el barrio de la Morera), se producía un incendio, que se inició en un transformador, que calcinó totalmente una fábrica textil ilegal llamada Hais S.A. (popularmente Haissa) y que se saldó con la muerte de seis trabajadores (un hombre y cinco mujeres) y la destrucción total del edificio. La fábrica no había pasado ninguna inspección de Industria, no tenía licencia de actividades, ni ningún tipo de protocolo de seguridad (ni alarma antiincendios, ni extintores o mangueras de agua, ni salidas de emergencia). Ese incendio se declaró hacia las cinco de la tarde, mientras la mayoría de los trabajadores estaban en el exterior merendando, y duró más de 12 horas. En la madrugada del día siguiente, el edificio se derrumbó.
Según la prensa de la época y la investigación moderna, hubo un pequeño grupo de trabajadores que se quedaron merendando en el vestuario de la fábrica, y que no pudieron huir del humo y las llamas, ni pudieron ser auxiliados por sus compañeros. Ese pequeño grupo, que se convertirían en las víctimas mortales de esa tragedia, estaba formado por Eusebia Lausén Fusté (53 años), encargada de la limpieza; Antònia Llanés Costa (50 años), operaria, y Francesc Andreu Morales (48 años), encargado de la caldera; los tres vecinos de Badalona; Francisca Vico Morales (21 años), operaria y vecina de Santa Coloma de Gramenet, y Josefa Lumbreras López (19 años), operaria, y Glòria Parra Martín (18 años), operaria; ambas vecinas de Badalona.
Las autoridades locales y provinciales del régimen franquista, y los delegados del sindicato vertical, no exigieron responsabilidades, y las familias de las víctimas y los trabajadores que se solidarizaron con ellas, y que reclamaban justicia, fueron amenazados por la policía. La Caja de Jubilaciones y Subsidios Textil ofreció indemnizaciones ridículas (en torno a 100.000 pesetas por cada víctima mortal, el equivalente actual a unos 25.000 euros), pero solo fueron liquidadas aquellas que serían arbitradas por las autoridades del régimen. Las familias que no las aceptaban fueron coaccionadas. Y las indemnizaciones pactadas verbalmente (como el compromiso de los propietarios de Haissa de pagar los estudios al hijo de Francesc Andreu) nunca fueron abonadas.