Tal día como hoy del año 1821, hace 202 años, en Alcoi (País Valencià) se produjo una revuelta que se saldó con la destrucción intencionada de diecisiete máquinas industriales. Este fenómeno sería el primer episodio de ludismo de la península Ibérica: la destrucción intencionada de las máquinas de las fábricas por parte de los trabajadores, que interpretan su existencia como una amenaza a los puestos de trabajo. Esta fenomenología había surgido en Inglaterra (cuna de la Revolución Industrial) al principio del siglo XIX y cogía su nombre de Ned Ludd, un personaje imaginario creado por los detractores de la mecanización de las fábricas.
Las fuentes documentales recogen un primer episodio en 1811, a cargo de maestros artesanos de los gremios ingleses, que veían su existencia profesional y la de las corporaciones que representaban amenazadas por la rápida introducción a las industrias de mano de obra no cualificada, que no había pasado la formación gremial ni había superado los exámenes de los gremios. En el año 1821, Alcoi, con 30.000 habitantes, era el segundo núcleo demográfico e industrial del País Valencià y uno de los pocos centros industriales de la península Ibérica. En aquel momento, en la ciudad había varias fábricas de trapos, de bayetones, de fajas, de alpargatas y de sombreros de terciopelo; y varios molinos papeleros.
La crisis que conduciría a aquella destrucción se había gestado tres años antes (1818), cuando la Real Fábrica de Paños —de titularidad estatal— había iniciado el proceso de mecanización industrial en la ciudad. A continuación, las fábricas privadas de Alcoi siguieron el ejemplo de la Real Fábrica e instalaron treinta máquinas industriales. Los obreros de la ciudad argumentaban que cada máquina eliminaba de cien a doscientos puestos de trabajo; y el 2 de marzo, una concentración de 1.200 jornaleros agrarios de la comarca —que se solidarizaban con las reivindicaciones obreras— se dirigieron a las fábricas situadas en las afueras de Alcoi e incendiaron las máquinas recientemente adquiridas.
Después de cuatro días de disturbios, el alcalde pactó con los sublevados el fin de la protesta; pero traidoramente reclamó la presencia del ejército español, que en pocas horas desató una brutal represión. Ildefonso Díez de Rivera, capitán general de València, envió a dos regimientos de caballería que arrestaron centenares de personas. Los presos fueron amontonados en la mazmorra local, y pasados cinco meses (11 de agosto) el concejal municipal Antoni Pérez Vilaplana solicitaba al Gobierno la habilitación de nuevos espacios penitenciarios, porque los presos de la Revolución de Alcoi morían en la prisión a causa del amontonamiento y de las condiciones insalubres de aquella mazmorra.