Tal día como hoy, hace 228 años, moría Carlos III, conocido en la historiografía española como el rey ilustrado, y que dictó una ley de prohibición de uso de la lengua catalana en todos los niveles de la enseñanza. La real cédula de 23 de junio de 1768 imponía la obligatoriedad de impartir "únicamente en lengua castellana" y advertía de la aplicación de severas sanciones contra los docentes que hicieran uso de la lengua catalana: desde la inhabilitación para ejercer hasta la condena a presidio. Esta ley también afectaba al uso de las lenguas vasca, gallega, aragonesa y asturiana en sus respectivos territorios.
La prohibición del catalán ya estaba expresada en la Nueva Planta (1717) del primer Borbón -padre de Carlos III.- Pero en la enseñanza se aplicaba, únicamente, en los estudios superiores. La producción literaria, científica y académica en catalán había quedado decapitada. Y se había creado un perverso axioma que asociaba la lengua castellana con los valores de la cultura y de la universalidad de las clases dirigentes, y la catalana con los contravalores de la vulgaridad y de la rusticidad de las clases populares iletradas. Un hecho que, a pesar de la pérdida de prestigio, no impidió que el catalán mantuviera su condición de lengua de las plazas y de las calles del país.
En 1768 Carlos III ya disponía de los resultados del primer censo español efectuado con métodos científicos -el del comte d'Aranda (1768)- que era también una fotografía socio-lingüística que resultó muy reveladora. España censó a poco más de 9 millones de personas. Pero el Principat, el País Valencià y las Illes Balerars sumaban 2 millones de habitantes. Galicia tenía 1,5 millones. Euskadi y Navarra se aproximaban a los 500.000. Y Aragón y Asturias 200.000 respectivamente. La mitad de la población de los dominios peninsulares borbónicos ni hacía uso ni tenía competencia en lengua castellana. Argumento que Carlos III estimó suficiente para girar un cuarto de vuelta la rosca de la represión.