Tal día como hoy del año 1466, hace 558 años, en Toledo (capital de la corona castellanoleonesa), el rey Enrique IV de Castilla y de León, denominado el Impotente (hermano mayor y predecesor de Isabel la Católica), firmaba un edicto que autorizaba a los alcaldes de las villas de Guipúzcoa (en aquel momento el territorio más nororiental de sus dominios) a perseguir, arrestar, juzgar, condenar y ejecutar a las mujeres acusadas de practicar la brujería. Aquel edicto era uno de los primeros de esta naturaleza, y cuando se promulgó todavía faltaban doce años para la creación de la Inquisición hispánica (1478).
Con aquel edicto se iniciaba un largo periodo de cazas de brujas que se prolongaría hasta principios del siglo XVII. A diferencia de lo que generalmente imaginamos, aquellas cacerías fueron promovidas por las autoridades civiles y la Inquisición tuvo un papel limitado. Durante aquella etapa, se formularon miles de acusaciones de brujería contra mujeres que eran sacerdotisas o que simplemente practicaban la religión ancestral de los vascos. Las sacerdotisas, señaladas como brujas, eran mujeres con un extraordinario corpus de conocimientos de obstetricia, de psicología, de propiedades medicinales de los elementos de la naturaleza y de la gestión de las energías.
La antropología vasca ha estudiado a fondo este fenómeno y la mayoría de los investigadores coinciden en afirmar que las cazas de brujas en Euskal Herria (Guipúzcoa, finales del XV, Navarra, siglo XVI y Lapurdi, principios del XVII) son la primera gran operación de persecución, orquestada por el poder del Estado, contra la lengua y la cultura vascas. Pierre de Lancre, enviado del rey Enrique IV de Francia para exterminar a las brujas del País Vasco norte (1609), proclamó que el euskera era la lengua de Satanás. Durante este periodo, se estima que, solo en Euskal Herria, fueron perseguidas más de 10.000 mujeres y fueron torturadas y asesinadas más de 3.000.