Tal día como hoy del año 1936, hace 82 años, la prensa se hacía eco del decreto que, el día anterior, había firmado Josep Tarradellas. En su calidad de conseller de Economía y Servicios Públicos de la Generalitat, firmaba y hacía oficial un decreto que limitaba los beneficios de las empresas de suministro de agua, gas y electricidad. El preámbulo del decreto decía textualmente "Una de las obligaciones que venden impuestas por el nuevo estado de cosas y que se preciso atender con toda urgencia se la de limitar los beneficios de las grandes empresas o compañías que, desde hace tiempo, han estado monopolizando los servicios públicos y de utilidad social".
El decreto anulaba con efectos retroactivos el cobro de la fianza que las compañías suministradoras de agua, gas y electricidad exigían al usuario —tanto doméstico como industrial—, en el momento de la contratación del servicio. Así mismo, obligaba a devolver las fianzas de la totalidad de los contratos —tanto si eran domésticos como si eran industriales— y especificaba que, las suministradoras, reembolsarían al usuario el importe de la fianza contra la futura facturación. El Decreto decía textualmente "mientras no se haya extinguido su importe las compañías no presentarán nuevos recibos a sus abonados".
En relación, específicamente, a las compañías eléctricas, se decretaba, también la nulidad del cobro de alquiler de los contadores. Aunque es reconocía que los contadores eran propiedad de la compañía suministradora, y por lo tanto se las autorizaba a cobrar una indemnización en caso de avería, se les prohibía, a partir de la entrada en vigor del Decreto, cobrar al usuario un concepto de alquiler del contador. Y, finalmente, se decretaba la reducción de la tarifa del consumo doméstico de electricidad en un veinte por ciento, y se fijaba el precio máximo en 0,50 pesetas/kilovatio.