Tal día como hoy del año 1940, hace 81 años, a las 08:00h de la mañana; Heinrich Himmler, máxima autoridad policial del régimen nazi alemán, aterrizaba en el aeródromo del Prat; para —según las fuentes oficiales— iniciar una visita de dos días a Catalunya. La prensa de la época (La Vanguardia Española, edición del 24/10/1940), la anunció como una visita oficial de carácter protocolario, y a la vez como una vista privada de carácter turístico. Pero en cambio los movimiento que efectuó durante aquellos dos días desmienten rotundamente aquella versión oficial.

La misma prensa revela que durante su visita a Barcelona se entrevistó con los cabecillas franquistas que dirigían el aparato represor del régimen. Himmler, en su calidad de jefe supremo de las SS, se entrevistó con el capitán general Orgaz Yoldi (que le hizo de anfitrión); con el gobernador González Oliveros (que empleaba el tiempo y las energías persiguiendo escuelas clandestinas que impartían la enseñanza en catalán); con el jefe de la policía Reparaz Araujo; con la jefe del servicios secretos del regimos Ungria Jimenez; y con el presidente del Audiencia Provincial Sánchez Cañete.

El resultado de aquellas entrevistas no trascendió a la opinión pública. Sin embargo, inmediatamente después de la visita de Himmler, lo regimos franquista reclutó por la fuerza un mínimo de mil catalanes (que estaban "fichados" por su compromiso personal con los gobiernos de Catalunya y de la República), y que fueron enviados, en dos remesas, a las fábricas de armas de la Alemania como mano de obra esclava. Aquellos trabajadores forzados formarían parte de un pretendido programa de intercambio de mano de obra especializada entre los regímenes franquista español y nazi alemán denominado Patria, Pan y Justicia.

El Ayuntamiento franquista de Barcelona, presidido por el alcalde Miguel Mateu Pla (popular y despectivamente "Miguel de los hierros"); asumió todo el gasto de aquella visita que, según la misma prensa costó 15.000 pesetas de la época (el equivalente a unos 90.000 euros). Mientras tanto, en Barcelona se había declarado una epidemia de tuberculosis, que se saldaría con un mínimo de 2.000 muertos; y el Ayuntamiento pedía aportaciones privadas (que se publicaban diariamente en prensa) argumentando que no tenía disponibilidad dineraria para hacer frente a aquella crisis sanitaria.