Tal día como hoy del año 1504, hace 520 años, en Córdoba (Corona castellanoleonesa), la Inquisición hispánica, creada por los Reyes Católicos (1478), quemaba a 107 personas que, previamente, habían sido detenidas, torturadas y condenadas a morir en la hoguera por un Tribunal del Santo Oficio. Aquellas víctimas formaban parte de un grupo de 267 personas, detenidas en una batida ordenada por Diego Rodríguez de Lucero, llamado Lucero el Tenebroso y jefe de la Inquisición en Córdoba, contra la comunidad judeoconversa local. Aquella masacre sería la hoguera inquisitorial más mortífera de la historia.

Los detenidos habían sido recluidos en la Casa de la Penitencia (la mazmorra inquisitorial, situada en la calle Corregidor Luis de la Cerda) y sometidos a brutales torturas y a juicios sin garantía procesal. Los 107 condenados fueron extraídos y conducidos a un descampado llamado el Marrubial (en la parte exterior de la Puerta de Plasencia) y quemados en una gran hoguera. Aquellas masacres eran presentadas como castigos ejemplificantes y eran organizadas como espectáculos de masas que concentraban a miles de personas deseosas de contemplar el sufrimiento de las víctimas y de sus familias.

Aquella masacre, que venía precedida de otra (de 1502 con 27 personas quemadas en el mismo lugar y por orden del mismo Lucero el Tenebroso) provocó una gigantesca oleada de protestas, que fue especialmente secundada por las élites de la comunidad judeoconversa andaluza, muy bien relacionada con la monarquía católica. Acto seguido, las Corts castellanoleonesas ordenaron una investigación que reveló que detrás de aquellas masacres había una gigantesca trama de criminalidad que impulsaba aquellos actos de fe con el propósito de saquear la comunidad judeoconversa.

La misma investigación reveló que en la cumbre de aquella sórdida trama había los poderosos Johan Rois de Calcena (Calatayud, Aragón, 1450-Zaragoza, 1519), secretario personal del rey Fernando el Católico) y Diego de Deza (Toro, León, 1444-1523), inquisidor general de la Corona catalanoaragonesa, arzobispo de Sevilla y confesor real. Calcena y Deza serían acusados de apropiación de los fondos que la Inquisición había confiscado a sus víctimas, pero siempre disfrutarían de la protección de los Reyes Católicos y no serían apartados de sus cargos y nunca pagarían por sus crímenes.