Tal día como hoy del año 1500, hace 524 años, en Santo Domingo (capital de la Española), el juez hispánico Francisco de Bobadilla, enviado por los Reyes Católicos, ordenaba la detención y deportación de Cristóbal, Bartolomé y Diego Colom, que en virtud de las Capitulaciones de Santa Fe (el contrato firmado entre las diferentes partes que habían promovido el primer viaje colombino, 1492), ejercían el poder y la administración en la colonia. El juez Bobadilla había llegado a la Española con un destacamento militar castellano, que, en aquella operación, actuaron como una fuerza policial, y que estaba comandado por Nicolás de Ovando. Después del encarcelamiento de los Colón, Bobadilla y Ovando serían, sucesivamente, gobernadores de la corona en la colonia.

Las Capitulaciones de Santa Fe (1492) preveían que los Colón y su entorno (el partido catalanovalenciano que había impulsado aquel proyecto) tendrían un papel protagonista en las nuevas tierras. Y a partir del segundo viaje (1492), los Colón crearon un aparato de gobierno en la isla que pretendía convertirla en un dominio propio y diferenciado dentro del edificio político hispánico. Los Colón y la gente de su entorno ocuparían los principales puestos: entre otros, el leridano Bernat Boïl se convirtió en el primer administrador apostólico (equivalente a obispo) de las nuevas tierras, el tarraconense Miquel de Ballester fue nombrado primer alcalde de la primera ciudad del Nuevo Mundo, y el ampurdanés Pere Bertran, recibió la responsabilidad de dirigir el aparato militar colombino.

Después del tercer viaje (1498), se confirmó que el potencial de extracción de la Española superaba con creces las expectativas iniciales, y los Reyes Católicos decidieron apropiarse de la totalidad de la empresa. Para romper el estatus político y económico amparado por las Capitulaciones, se sirvieron de falsas acusaciones de corrupción contra los Colón, fabricadas y difundidas por los colonos castellanoleoneses —marginados del poder en la colonia— para encarcelar y deportar a los Colón y obligarlos a renunciar al contrato. Cuando los Colón fueron esposados y embarcados en dirección a la península, el juez Bobadilla cesó todos los cargos del partido catalanovalenciano y los sustituyó por los colonos castellanoleoneses que habían participado en aquel golpe de Estado.