Tal día como hoy del año 1981, hace 38 años, en Madrid a las 18.23 horas, dos compañías armadas formadas por 288 miembros de la Guardia Civil, comandados por el teniente coronel del mismo cuerpo armado Antonio Tejero Molina, asaltaban, subfusil en mano, el Congreso de los Diputados. Producido el asalto, el teniente coronel Tejero Molina se situó en el atril de la cámara, disparó tres tiros intimidatorios al aire con su pistola reglamentaria y en un tono claramente amenazante clamó la expresión que después se popularizaría incluso en el ámbito humorístico: “¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Se sienten, coño!”.

El asalto y secuestro del Congreso de los Diputados, que se prolongaría por espacio de 18 horas (hasta las 12.15 del día siguiente), era uno de los operativos que los asaltantes habían llamado Operación Duque de Ahumada (referido al fundador de la Guardia Civil) del intento de golpe de estado que, según el diario El País, secundaban de forma directa o indirecta 8 de las 11 capitanías generales. Y según el periodista y diputado del PNV Iñaki Anasagasti y la periodista, escritora e investigadora Pilar Urbano, hasta pocas horas antes habría contado con el apoyo del rey Juan Carlos I, padre y antecesor del rey Felipe VI.

Según la prensa de la época (edición de La Vanguardia del día siguiente, 24 de febrero de 1981), en Catalunya no hubo ningún incidente destacado, a excepción de que por la tarde-noche del día 23 se produjeron colas en las gasolineras y en los supermercados. El mismo rotativo destacaba que el president de la Generalitat Jordi Pujol (CiU) había hecho un llamamiento a la tranquilidad y a la serenidad y que el jefe de la oposición Joan Raventós (PSC) había hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la defensa de la democracia y de la libertad. También se destacaba que el sindicato Comisiones Obreras había convocado una huelga general para los días 24 y 25.

Neutralizado el intento de golpe de estado, las consecuencias más inmediatas serían un impulso formidable del papel del Rey en la vida política española y la tramitación, aprobación y promulgación de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, 30/07/1982), pactada, presentada y votada por la UCD y el PSOE. Aquella ley fue fuertemente contestada por las sociedades catalana y vasca, porque se entendía que los partidos mayoritarios de ámbito estatal imponían la limitación del desarrollo de los autogobiernos de Catalunya y de Euskadi como una cesión al entorno político y sociológico de los golpistas.