Tal día como hoy del año 1730, hace 288 años, el Consejo General de Castilla —el gobierno impuesto por Felipe V por todos sus dominios— ordenaba que todas las salas de justicia de Catalunya —y también del País Valencià y de Mallorca y Eivissa— fueran provistas, mayoritariamente, por funcionarios castellanos y que la figura del fiscal fuera asignada, exclusivamente, a funcionarios castellanos. Esta medida, que se aplicaba de forma no reglamentada desde la ocupación borbónica del País Valencià (1707), de Catalunya (1714) y de Mallorca y Eivissa (1715) adquiría rango de ley y quedaba integrada en el corpus de los Decretos de Nueva Planta impuestos a los países de la Corona de Aragón después de la Guerra de Sucesión hispánica (1704-1715).

La orden se aplicó después de un "plazo de gracia" de quince años (1715-1730) durante los cuales se habían producido situaciones tragicómicas provocadas por un aparato judicial que ni entendía ni hablaba el catalán y que pretendía aplicar justicia a una sociedad que ni entendía ni hablaba el castellano. Aquellas situaciones obligaron a la administración borbónica a recular mínimamente; y en los informes iniciales que recomendaban que "el Regente y el Fiscal sean siempre castellanos" les siguieron unos posteriores a que aceptaban algunas excepciones y que decían: “A reserva de aquellos pequeños lugares que por su miseria y por su cortedad se dispense en esta condición asta que la comunicación y trato frequente haga menos difícil y costosa su introducción en ellos”

La castellanización de la vida pública catalana era el nervio de la imposición borbónica. Con la castellanización de la justicia, de la enseñanza, de la administración, del comercio, de la política, de la cultura y de la Iglesia se pretendía destruir la identidad catalana; y culminar el proceso de unificación española iniciado un siglo antes durante los gobiernos de los ministros plenipotenciarios hispánicos Lerma y Olivares. Sería en aquella época en que las clases políticas e intelectuales borbónicas consagrarían la simbiosis entre castellano y español. Y sería, también, en aquella época que otras lenguas peninsulares no castellanas sufrirían un fuerte retroceso: el aragonés perdería un tercio de su territorio y la mitad de su masa de hablantes; el euskera desaparecería de Álava y el bable de las ciudades asturianas.