Tal día como hoy del año 1749, hace 272 años, el rey Fernando VI de España —tercer Borbón hispánico— ordenaba el inicio de una gran operación secreta denominada la Gran Redada, que consistía en el acorralamiento, detención, concentración, reclusión, confiscación de bienes y esclavización de la población gitana hispánica. Aquella operación había sido planificada durante los meses inmediatamente anteriores por el mismo rey Fernando VI y por su ministro de Guerra Zenón de Somadevilla —marqués de la Ensenada— y tenía como objetivo final el exterminio del pueblo gitano hispánico. Según las fuentes documentales, durante aquella primera y tenebrosa noche, el ejército español detuvo a unas 12.000 personas.

La puesta de sol del 30 de julio de 1749, el ejército español —de manera sincronizada— entró violentamente en los barrios gitanos de las principales ciudades del reino y detuvo e inició la deportación de la población gitana hacia campos de concentración. En el trayecto entre sus ciudades y los campos de reclusión los detenidos fueron separados por género y por edad. Los hombres y los niños mayores de siete años fueron encadenados e internados en arsenales de la Marina, obligados a hacer trabajos forzados. Y las mujeres, las niñas y los niños menores de siete años fueron internados en prisiones y fábricas del patrimonio real, obligadas a trabajar sin remuneración.

Las autoridades locales —que habían sido discretamente informadas con unos días de antelación— mayoritariamente participaron en aquella brutal cacería: pusieron los elementos destinados a mantener el orden público en las ciudades al servicio de aquella operación. En aquella terrible maniobra, pesó mucho la propaganda antigitana, previamente fabricada por aquellas mismas autoridades locales (las oligarquías urbanas de la época), y oportunamente promovida por el régimen borbónico, que presentaba a los gitanos como "el diferente" y "el peligroso" y los asociaba con la delincuencia y la inseguridad. Se estima que aquella operación representó la muerte de 12.000 personas, el 25% de la población gitana hispánica.

Pero, en cambio, las autoridades locales del Principado de Catalunya y del Antiguo Reino de Granada —a pesar de estar formadas por elementos ideológicamente próximos al régimen borbónico— no solo no participaron en aquel dispositivo, sino que se anticiparon a la brutal cacería procurando dispersar a la población gitana de sus ciudades. El año 1749, las ciudades catalanas que tenían una comunidad gitana más numerosa eran Barcelona (calle de la Cera del Raval), Lleida (Hort de Santa Teresa), Reus (Raval de l’Aigua) y Tarragona (el Corral i els Sedassos). En estas ciudades, las comunidades gitanas locales formaban parte indisoluble del tejido social, cultural y económico urbano.