Tal día como hoy del año 1814, hace 203 años, el rey Fernando VII –en Castilla denominado popularmente "el rey felón" (el rey traïdor)–, firmaba el decreto de expulsión de todas las personas que habían ostentado cargos en la administración bonapartista durante el reinado del rey José I (1808-1813). Este decreto también afectaba a los que de alguna manera u otra habían colaborado, sin ostentar ningún cargo, con la administración bonapartista. Los unos y los otros eran llamados "afrancesados" en contraposición a los antifranceses, llamados "castizos". Las fuentes calculan que esta medida afectó, en el conjunto del reino, a unas 75.000 personas –el equivalente a las tres cuartas partes de la población de Barcelona.

Esta medida resultó especialmente dramática en Catalunya. El Principat había sido directamente incorporado al imperio francés. El superprefecto Argereau –un político de formación ilustrada y de ideología revolucionaria– había prescindido del viejo y anquilosado aparato funcionarial borbónico y lo había sustituido por personas del mundo intelectual y empresarial con el claro propósito de implementar las reformas sociales, políticas, económicas y culturales que ya se habían aplicado en Francia. No hay datos concretos, pero hay que suponer que la expulsión, en Catalunya, fue proporcionalmente más elevada que en el resto de los dominios peninsulares borbónicos.

Destacan Tomàs Puig, que impulsó la ley de cooficialidad del catalán –proscrito desde 1714–; Josep Pujol, que inició la edición en catalán del Diario de Barcelona; Melcior de Guàrdia, seguidor de la doctrina Rousseau (contrato social) e impulsor de la colonización agraria de Almacelles (Segrià); Erasme de Gònima, industrial del textil que innovó y modernizó los procesos de fabricación; Josep Garriga, seguidor de la doctrina Montesquieu, profesor e investigador científico; o Fèlix Amat, escritor, filósofo y difusor de la confesión reformista jansenista. Los que, con el tiempo, consiguieron volver tuvieron serias dificultades para recuperar el patrimonio, que con el decreto se les había confiscado.