Tal día como hoy del año 1939, hace 79 años, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona publicaba un comunicado de advertencia a todos los propietarios de fincas urbanas de la ciudad, recordándoles que el Reglamento Provisional del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra obligaba a presentar una declaración jurada que revelara la ideología personal y la actividad política de los conserjes durante la etapa republicana (1931-1939). Aquel comunicado, que sería también publicado al día siguiente en todos el medios de prensa de la ciudad, imponía la fecha límite improrrogable del 26 de agosto —bajo pena de "severísimas sanciones"— para presentarla en las dependencias de la Comisión Inspectora Provincial del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, en la calle Bisbe Irurita, 4; actualmente calle del Bisbe.
Las fuentes historiográficas han puesto de relieve que aquella maniobra respondía a un doble propósito: por una parte formaba parte del plan de "depuración" ideológica de la totalidad del paisaje laboral de Barcelona, y por otra situar elementos "afectos al régimen" en las porterías, que las autoridades franquistas consideraban puntos clave para el control de la sociedad. Aunque no hay cifras exactas, la investigación historiográfica estima que, solo en Barcelona, se produjeron centenares de despidos, que serían sustituidos por "excombatientes". La misma investigación historiográfica estima que durante las dos décadas posteriores a la ocupación de la ciudad (1939), las porterías provistas con estos elementos impuestos actuarían como un tentáculo de la Brigada de Investigación Social, la policía política encargada de perseguir y reprimir la oposición al régimen franquista.