Se inician las últimas cortes de la historia de Catalunya
Tal día como hoy del año 1705, hace 316 años, en Barcelona, en el contexto de la Guerra de Sucesión hispánica (1705-1715), Carlos de Habsburg —candidato de los países de la Corona catalanoaragonesa al trono de la monarquía hispánica y nombrado conde de Barcelona por las instituciones del país—, abría las Cortes catalanas, que se prolongarían hasta el 31 de marzo del año siguiente, y que serían las últimas de la historia de Catalunya.
Después del conflicto sucesorio, el régimen borbónico reduciría Catalunya a la condición de simple provincia de la nueva monarquía española. Pasados más de dos siglos, cuando Catalunya recuperó el autogobierno (1931), el Parlamento pasó a asumir las funciones de representatividad política de la sociedad que habían tenido las Corts.
En aquellas cortes de 1705 se acordaron una serie de medidas políticas, económicas y sociales de gran importancia. En el plan económico se acordó crear la Compañía Náutica Mercantil y Universal, participada con capital mixto —público y privado—, que tenía que consolidar los ejes comerciales Cataluña-Países Bajos-Inglaterra, y Cataluña-colonias hispánicas de América. Además se amplió el número de barcos mercantes catalanes autorizados a comerciar libremente con las colonias hispánicas de América sin tener que pasar por el cuello de botella de la Casa de Contratación de Sevilla. También se acordó suprimir los impuestos que gravaban la entrada de productos extranjeros a Catalunya que cobraba la administración hispánica.
En el plano político, se acordó reforzar la independencia judicial catalana; derogar la ley que permitía alojar tropas hispánicas en casas particulares catalanas; promover una campaña militar para recuperar los condados del Rosellón y de la Cerdaña; reconocer la existencia de la Conferencia de los Tres Comunes (Cortes permanentes) como un organismo asesor y fiscalizador de la corona hispánica en Catalunya; y excluir a perpetuidad a los Borbones del trono de la Corona catalanoaragonesa. Y en el plano social, se acordó, entre otras cosas, que los oficiales del rey hispánico dejaban de tener jurisdicción sobre los habitantes del Principado, que pasaba a ser competencia exclusiva de los oficiales de la Generalitat y de los tribunales catalanes.