Tal día como hoy del año 1905, hace 116 años, a las nueve y media de la noche, un grupo de 300 oficiales del ejército español, que previamente se había concentrado de forma tumultuaria en la plaza Reial de Barcelona, asaltó e incendió la redacción de la revista satírica catalana ¡Cu-Cut!, situada en la calle Avinyó. Acto seguido se dirigieron, también de forma tumultuaria, a la redacción del diario La Veu de Catalunya, situada en la calle Cardenal Casañas y la asaltaron e incendiaron como, instantes antes, habían hecho con la del ¡Cu-Cut!. Como resultado de aquellos asaltos, las dos redacciones quedaron totalmente destruidas y algunas fuentes citan que el conserje del ¡Cu-Cut! habría sufrido un infarto durante el asalto, que le habría causado la muerte.

Aquellos hechos provocaron la reprobación de los vecinos de las redacciones afectadas y de los peatones que habían contemplado aquella explosión de violencia incontrolada. Según la prensa de la época (La Vanguardia, 26/11/1905), los militares asaltantes reaccionaron agrediendo violentamente a los ciudadanos que les recriminaban la acción: “Al pasar los oficiales por la Rambla, donde había acudido numeroso gentío, hubo que lamentar varias colisiones; en una de ellas, en la Rambla de los Estudios, resultó herido en la cabeza, de un sablazo, un paisano llamado don Pedro Manyà, de cuarenta años de edad, siendo la lesión, al parecer, de pronóstico grave, recibiendo después otra herida en el dedo anular. También resultó herido en un ojo, Miguel Casaderrius”.

También la misma prensa relata que las autoridades españolas, lejos de ordenar la intervención de los cuerpos policiales, actuaron con una gran condescendencia con los agresores. La nota de prensa de La Vanguardia dice: “Habiéndose presentado allí el gobernador militar, general Castellví, y el gobernador civil, general Fuentes, arengaron a los oficiales y les ordenaron les siguieran hacia el Gobierno militar, donde el general-gobernador les aconsejó calma y prudencia, exhortándoles a que se retiraran a sus casas, como así lo hicieron”. Pocos días después, ante la avalancha de protestas generalizada, el Gobierno decretó la suspensión de las garantías constitucionales en territorio catalán. Ni la policía ni la justicia españolas abrieron nunca una investigación.