Tal día como hoy del año 1898, hace 120 años, el Consejo de Ministros del gobierno español, presidido por el liberal Práxedes Mateo Sagasta, nombraba a los representantes que tendrían que negociar con los norteamericanos, en París, el fin de las hostilidades en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y la transferencia del dominio de aquellas últimas colonias hispánicas de ultramar a los Estados Unidos. El gobierno de Mateo Sagasta nombró a Eugenio Montero Rios jefe de la delegación diplomática, que sería asistido por Buenaventura Abarzuza Ferrer, Wenceslao Ramirez de Villarrutia, José de Garnica Echeverria y Rafael Cerero Saenz.

Nombran a los representantes para negociar el fin de la Guerra de Cuba. Uno de los últimos mapas de la Cuba colonial (1895). Fuente Biblioteca Nacional de España. Madrid (1)

Uno de los últimos mapas de la Cuba colonial (1895). Fuente: Biblioteca Nacional de España

En París se pusieron de relieve tanto las trayectorias opuestas (la ascendiente de los norteamericanos contrapuesta a la decadente de los españoles) como la posición secundaria de España en el concierto internacional. Y aunque el estado español ya ocupaba la posición de "farolillo rojo" en la clasificación de las viejas potencias continentales, la prensa europea de la época informa que sus negociadores se presentarían en París como personajes salidos del túnel del tiempo: hinchados de soberbia y de patrioterismo apolillado. La responsabilidad del resultado desastroso de aquellas negociaciones, sin embargo, hace falta repartirla entre el gobierno y la reina regente Maria Cristina.

El 10 de diciembre se firmaría el Tratado de París. Los representantes españoles, que habían planteado la negociación convencidos de que los norteamericanos se conformarían con la cesión del canal comercial y de algunas plazas territoriales, se encontraron en un callejón sin salida. Montero Rios, contrariado, ordenaría suspender las negociaciones, con un discurso hilarante que sería el hazmerreír de todas las cancillerías de Europa. La reina Maria Cristina. no obstante, ordenaría reprenderlas sin condiciones. El resultado final: España cobraría una indemnización de 21 millones de dólares por una guerra que había costado 400 millones de dólares y miles de vidas humanas, muchas de las cuales eran de soldados de leva catalanes.