Tal día como hoy del año 1989, hace 31 años, moría en Madrid el policía español Pedro Urraca Rendueles, que el año 1940 había participado —con la Wehrmacht y la Gestapo— en el operativo de detención y confiscación de bienes del president Companys en la localidad bretona de Ar Baol (en aquel momento, territorio de la Francia ocupada por el régimen nazi). Los policías que participaron en aquel operativo confiscaron 75.000 francos a la familia Companys-Ballester. Concluida la II Guerra Mundial (1945), Carme Ballester, viuda del president Companys, los reclamó, pero no obtuvo ninguna respuesta, porque los policías, sospechosamente, habían omitido este dato en el atestado de la detención.
Acto seguido a la detención, el president Companys fue trasladado a la prisión de La Santé, en París; y Urraca fue el primer policía español que lo interrogó. También fue el policía encargado de deportar al president Companys a Madrid, en la sede del SIMP (Servicio de Inteligencia Militar y Policial). En este punto es importante destacar que, sobre el papel, la España franquista y la Alemania nazi eran dos estados diferenciados; sin embargo, con relación a este caso y a otros casos (como el del dirigente sindical catalán Joan Peiró), la justicia española no cursó nunca ninguna petición de extradición a las autoridades policiales y militares nazis.
Una vez restauradas la República y la democracia en Francia (1945), la justicia francesa acusó y condenó a Urraca por crímenes contra la humanidad. Según la causa instruida, se probó que formaba parte de una red criminal que había saqueado y asesinato a docenas de familias judías francesas y del exilio republicano español. Antes, durante y después del juicio y condena, la justicia francesa reclamó repetidamente la extradición, pero el régimen franquista español siempre se negó. Todavía más, el régimen franquista lo condecoró y promovió, y ejerció varias funciones en los servicios secretos españoles hasta 1982, con los gobiernos constitucionales de Suárez, Calvo Sotelo y Felipe González.