Tal día como hoy del año 1923, hace 95 años, la prensa de la época (anticipándose a los comunicados oficiales) hacía público el que durante las horas precedentes había sido un rumor que corría por todas partes: el régimen dictatorial de Primo de Rivera, instaurado en el poder desde el golpe de estado del 13 de septiembre anterior, destituía al equipo de gobierno y a los concejales del Ayuntamiento democrático de Barcelona. La prensa de la época relataba que en el transcurso del día 1 de octubre de 1923 se habían producido una serie de maniobras policiales, dirigidas por el gobernador civil de Barcelona ―el general Carlos Losada Canterac―, que habían tenido como escenario el edificio del Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza de Sant Jaume.
Según la prensa de la época “a las doce menos cuarto apareció en la plaza de San Jaime un autocamión con una sección de guardias de Seguridad, y al llegar frente a las Casas Consistoriales se apearon formando en la plaza (...) a las doce menos diez llegó el gobernador civil acompañado del Jefe de Policia señor Hernández Malillos”. Una vez en el interior del edificio consistorial, Losada y Hernández se dirigieron al despacho de la alcaldía ―que en aquellos momentos ejercía con carácter accidental el concejal de la Lliga Regionalista Enric Maynès i Gaspar― para ordenarle, de conformidad con el edicto firmado por el dictador Primo de Rivera el 30 de septiembre anterior, la inclusión de un primer punto en la sesión prevista para las cuatro y media de la tarde de destitución de la corporación municipal.
La prensa de la época revela que aquella sesión fue presidida por el general Losada Canterac, por el comandante Martínez y Martínez (ayudante del gobernador) y por el comisario Hernández Malillos. Acto seguido, prescindiendo absolutamente del orden del día, Losada Canterac forzó una votación entre los concejales y vocales presentes para la elección de un alcalde accidental que tendría que ejercer hasta que, de conformidad con el artículo quinto del Real Decreto de destitución de las corporaciones municipales, “el Gobierno nombrara los alcaldes de las ciudades de más de 100.000 habitantes”. Losada Canterac propuso a Josep Banqué i Feliu ―contra la propia voluntad del regidor― que tomaría posesión el 14 de octubre, y dos días más presentaría su dimisión irrevocable.