Tal día como hoy del año 1960, hace 58 años, se producían los llamados Sucesos del Palau, considerados la primera protesta exitosa del catalanismo político durante la dictadura franquista (1939-1975). Con motivo del centenario del nacimiento del poeta Joan Maragall, figura bandera de la Renaixença cultural y política catalana, el alcalde de Barcelona Josep Maria de Porcioles había conseguido que el régimen franquista autorizara un acto de homenaje a la figura y a la obra del poeta en el Palau de la Música. Pero el gobernador civil, el militar franquista Felipe Acedo Colunga, obligó a retirar del programa El cant de la Senyera; que tenía que interpretar el Orfeó Català a la finalización del acto.
Aquella prohibición respondía a muchos factores. El primero y principal era el perfil ideológico de Acedo. Abogado militar que había progresado en la escala jerárquica del régimen franquista —durante los primeros años de posguerra— como fiscal acusador en varios juicios contra destacadas personalidades de la República. Posteriormente, como gobernador de Barcelona, dirigiría la violentísima represión contra las huelgas clandestinas de 1956, 1957 y 1958. Pero había una cuestión de fondo que lo enfrentaba con el alcalde Porcioles. Acedo había sido el "padrino político" de Escalas y Chamení (president de la Generalitat intervenida por la República el 1934-35) en la disputa —que había perdido— por la alcaldía de Barcelona.
Octavilla que repartió Cristians Catalans
La organización clandestina Cristians Catalans (CC), dirigida entonces por un joven Jordi Pujol i Soley, futuro president de la Generalitat, consiguió introducir docenas de personas en el acto, que a la conclusión, desafiando las prohibiciones del régimen, entonaron El cant de la Senyera. Los ministros del gobierno español que asistían al acto, y el mismo Acedo, lo interpretaron como un desafío; y iniciaron una brutal cacería de personas, entre las cuales había Jordi Pujol que, en el momento de los hechos, no estaba en el Palau. Los considerados promotores de aquella protesta serían acusados y juzgados en un tribunal militar por el delito de rebelión, y condenados a penas de hasta siete años de reclusión.