Tal día como hoy del año 1939, hace 81 años, en el contexto de las últimas semanas de la Guerra Civil española (1936-1939), las tropas franquistas de la 105 División del cuerpo del ejército marroquí, comandadas por el general golpista Yagüe, ocupaban Reus y Tarragona. Este contingente militar procedía de Tortosa, que había sido ocupada dos días antes, y en el trayecto entre el Ebro y el Camp de Tarragona ―siguiendo la línea de la costa― dejaron una macabra retahíla de violaciones y asesinatos cometidos contra la población civil.

Aquellos hechos respondían a las proclamas del general golpista Queipo de Llano, que desde las ondas de Radio Sevilla había proclamado: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. ¿No han estado jugado al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad, y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen”.

Cuando los franquistas ocuparon Reus y Tarragona eran dos ciudades devastadas. En el transcurso del conflicto, Reus había sido bombardeada en 68 ocasiones y Tarragona en 80. En el caso de Tarragona, los bombardeos habían causado 230 víctimas mortales, más 500 heridos y mutilados, y el derrumbe parcial o total de más de 500 edificios. Las mismas autoridades ocupantes reconocerían que, sólo en Tarragona, había más de 6.000 personas que habían quedado sin casa (casi un 20% de la población de la ciudad).

Al día siguiente de la ocupación se iniciaría uno de los capítulos más negros de la historia de Tarragona. El nuevo aparato de dominación formado por Antonio Iturmendi Bañales, gobernador civil; Antonio Aymat Jordà, gobernador militar; José María Fontana Tarrats, ninguno provincial de la Falange, y José Francisco Grego Grego, presidente de la Diputación, habilitaban el castillo del Rey ―un edificio en ruinas de las épocas romana y medieval― y varios conventos de la ciudad como penales para presos políticos.

En los meses inmediatamente posteriores a la ocupación, las autoridades franquistas celebraron 5.321 consejos de guerra contra la población civil del territorio (Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre), y dictaron miles de penas de prisión y más de 700 penas de muerte, paradójicamente por los supuestos delitos de "rebelión y sedición". La mayoría de estas ejecuciones se perpetraron de madrugada en la montaña de la Oliva, junto al cementerio de Tarragona.