Tal día como hoy del año 1970, hace 50 años, el Tribunal Especial de Delitos Monetarios condenaba al industrial catalán Joan Vilà Reyes (que había dimitido como presidente del RCE Espanyol cuando estalló el escándalo) al pago de una multa de 1.658 millones de pesetas y a la pena de 3 años de reclusión, como el principal responsable de la trama de corrupción Matesa. Según la sentencia, Vilà Reyes había cometido un fraude a la entidad pública Banco de Crédito Industrial. En la misma sentencia fueron, también, condenados su hermano Fernando y los directivos Trius y Banquells.

Matesa, con la complicidad de altos funcionarios públicos, había falsificado facturas de ventas inexistentes, por valor de centenares de millones de pesetas, con el propósito de cobrar las subvenciones públicas (denominadas créditos en la exportación) que el Estado concedía a los fabricantes exportadores españoles. El escándalo había saltado tres años antes (1967), durante una visita del ministro de Industria argentino a Madrid. En aquel momento se comprobó que Matesa había facturado a clientes anónimos argentinos 1.500 telares y sólo había exportado 120.

El caso Matesa se convirtió en uno de los grandes escándalos de corrupción del régimen franquista. Pero la prensa de la época vio un trasfondo político que enfrentaba a dos de las familias más poderosas del régimen franquista por el control del poder: los falangistas (llamados "azules") y los tecnócratas (del Opus Dei). En el bando de los primeros destacaba Manuel Fraga Iribarne, en aquel momento ministro de Información y Turismo y que, posteriormente, durante la llamada Transición fundaría Alianza Popular; y entre los segundos, el ministro de Comercio Laureano López Redondo.

El dictador Franco, jefe de estado, reaccionó fulminando a trece de los dieciocho ministros del gobierno del momento, entre ellos Fraga Iribarne. Pero eso no evitó que aquel escándalo disminuyera la intensidad de aquella guerra sorda: el caso Matesa acabaría provocando una gigantesca crisis política que revelaría un escenario de luchas cainitas con la mirada puesta en la previsible muerte y relevo del dictador; y amenazaría notablemente la estabilidad del régimen franquista. No obstante, pasado un año, Franco indultaría parcialmente a Vilà Reyes: le condonaría la multa y le reduciría a la mitad la pena de prisión.