Tal día como hoy del año 1581, hace 443 años, en La Haya (condado de Holanda), los representantes políticos de los condados de Flandes, Brabante, Güeldres, Zutphen, Holanda, Zelandia, Frisia, Malinas y Utrecht, firmaban el Acta de Abjuración, que proclamaba la ruptura de cualquier vínculo político entre estos territorios y el rey hispánico Felipe II. El Acta de Abjuración sería la declaración formal de independencia de las provincias de la mitad norte de los Países Bajos, y representaría el punto de no retorno en la crisis que había estallado en 1566.

Esa escalada de tensión estaba producida por un choque ideológico. Mientras que las clases mercantiles y menestrales de los Países Bajos (las más ricas del edificio político hispánico) defendían la libertad de culto y de comercio como pilar fundamental de su desarrollo político, social y económico, la monarquía hispánica lo interpretaba como un desafío a la autoridad de su régimen. A todo esto, se sumaba el espolio tributario permanente que la monarquía hispánica perpetraba sobre la economía y la sociedad de los Países Bajos.

Los Países Bajos formaban parte del edificio político hispánico desde 1518, cuando Carlos de Gante había reunido parte de su herencia paterna (el ducado de Borgoña y los Países Bajos) y su herencia materna (los estados peninsulares de la monarquía católica). Pero la relación entre los Países Bajos y el poder central hispánico siempre había sido muy tensa. Las clases mercantiles y menestrales de los Países Bajos habían derivado hacia el protestantismo, y la monarquía hispánica había respondido con una terrible oleada de represión.

Desde el inicio de la crisis (1566), se habían producido hechos muy graves, que alimentaban constantemente el conflicto: la implantación del organismo represivo hispánico del Tribunal de los Tumultos (1567), impulsado por el duque de Alba, que provocó la muerte de 1.000 personas y la ruina y el exilio de más de 10.000; el saqueo hispánico de Amberes (1576), que se había saldado con 10.000 muertos civiles; o la ejecución —por el supuesto delito de traición— de Egmont y de Horn, dos dirigentes de las provincias del sur que habían realizado tareas de mediadores entre las dos partes en conflicto.

Los representantes políticos firmantes del Acta de Abjuración nombraron como nuevo soberano del país a Francisco de Francia (hermano pequeño del rey Enrique III de Francia). Pero no lo coronaron rey, sino que lo proclamaron príncipe (hombre principal) y quedó establecido que serviría a su pueblo y respetaría sus leyes, y que, de lo contrario, sería cesado, como lo había sido el rey hispánico Felipe II. Francisco tomó posesión del cargo (1582), pero posteriormente intentó romper el acuerdo y convertirse en un monarca absolutista. Fue derrotado por las armas y despedido al año siguiente (1583).