Tal día como hoy del año 1900, hace 125 años, la reina regente María Cristina —viuda de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII— firmaba el decreto que promulgaba una ley aprobada por las Cortes españolas —a propuesta del gobierno del Partido Conservador, presidido por Francisco Silvela—, que prohibía la actividad de partidos políticos, sindicatos o asociaciones de ideología catalanista, basquista o galleguista porque se consideraba que atentaban contra la "unidad de la patria". Aquella ley proclamaba que la comisión de actividades de promoción de la lengua, de la cultura o de la identidad, especialmente catalanas, vascas o gallegas —o de cualquier otra "región"—, sería considerada un delito de "traición a la patria" y sería juzgada por el código penal.

Esta ley fue promulgada en un contexto de enorme frustración de las clases política, empresarial e intelectual españolas, debida a la pérdida, un año y pico antes (noviembre, 1898), de las últimas colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y las Filipinas). Esta pérdida generó, también, un sentimiento de rabia porque los soberanistas cubanos no habían aceptado la autonomía política del gobierno liberal de Sagasta (noviembre, 1897), concedida con el propósito de desactivar al independentismo, y habían continuado la guerra. Esta suma de frustración y de rabia había encontrado un caldo de cultivo idóneo en el nacionalismo español (formulado en el transcurso del siglo XIX), que era la ideología dominante entre las clases privilegiadas españolas.

Poco antes de la promulgación de esta ley, se había producido la crisis del "cierre de cajas" (octubre,1899), una revuelta fiscal contra la presión tributaria muy superior que, desde el fin de la Guerra de Cuba (noviembre, 1898), soportaban los fabricantes y tenderos catalanes en relación con sus homólogos castellanos o andaluces. Los obreros catalanes se habían sentido interpelados y el 20 de octubre de 1899 se había celebrado la primera gran manifestación unitaria del catalanismo político, que había reunido a más de 100.000 personas en el Saló de Sant Joan (actual paseo Lluís Companys) y que había sido la mayor concentración, hasta la fecha, de la historia peninsular. La reina regente había reaccionado con la destitución del alcalde Robert y con la aplicación de la ley marcial.