Tal día como hoy del año 1388, hace 636 años, el rey Juan I de Catalunya y Aragón, autorizaba la instalación de un Consulado de Mar en Perpinyà, y la construcción de una Lonja de Mar para acoger esta institución. El Consulado de Mar de Perpinyà era el sexto que se constituía en la Corona catalanoaragonesa, después del de Barcelona (1262), el de Valencia (1283), el de Mallorca (1326), el de Tortosa (1363) y el de Girona (1385). La capital del Rosellón no estaba junto al mar, pero su puerta de entrada y salida marítima era a través del puerto de Cotlliure. Perpinyà ya era la segunda ciudad del Principado en volumen demográfico y en actividad económica, y una de las diez más pobladas de la Corona catalanoaragonesa.

El Consulado de Mar es la gran aportación catalana al mundo del comercio y del derecho internacionales. En 1173 ya se menciona la presencia de comerciantes catalanes establecidos, permanentemente, en el puerto de Alejandría. Las empresas comerciales catalanas, a finales del siglo XII, ya habían alcanzado todas las orillas del viejo Mare Nostrum. Y antes de acabar el siglo, los comerciantes catalanes ya eran habituales en los puertos de Ceuta, de Bujía, de Túnez, y de la mencionada Alejandría —en la costa sur—, y de Tiro, de Sidón y de Acre en la costa oriental. Con este despliegue, era necesario crear un código que protegiera y regulara, al mismo tiempo, los intereses de los parcioneros catalanes.

El Consulado de Mar sería un organismo que legislaría en materia de comercio marítimo, y que abarcaría todos los territorios costeros de la Corona y los puertos mediterráneos donde había presencia de parcioneros catalanes acogidos a su jurisdicción. Este organismo había compilado el histórico derecho marítimo barcelonés, que ya estaba documentado en la Carta Consular de Barcelona (la consuetud jurídica catalana originaria de la época carolingia), y lo aplicaba a través del Tribunal Consular. Aquel corpus legal, denominado Ius Mercatorum (Derecho de los Mercaderes) acabaría abrazado por una parte muy importante —probablemente mayoritaria— del comercio naval del Mediterráneo (catalanes y no catalanes) que se habían puesto bajo la jurisdicción del Consulado de Mar catalán.