Después de los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, el PP supeditó la confirmación de extender el tsunami azul a los acuerdos con Vox. El panorama quedó envenenado porque, inmediatamente después, Pedro Sánchez convocó por sorpresa las elecciones generales del 23 de julio. Sin tiempo a digerir la victoria, el PP ha urdido una estrategia de abrazarse al partido ultra, aunque lo ha hecho a diferentes velocidades y con diferentes actitudes. Desde el descarado pacto en el País Valencià para investir a Carlos Mazón a la situación de bloqueo perpetrada por Vox en la Región de Murcia, pasando por la rectificación forzada sobre María Guardiola en Extremadura o la situación endemoniada de Aragón.
La celeridad del País Valencià
Fue llegar y besar el santo. Carlos Mazón ha sido investido president de la Generalitat valenciana este jueves después de formar gobierno con Vox. El acuerdo se firmó rápidamente, 15 días después de las elecciones autonómicas, para desbancar al Botànic, que acumulaba dos legislaturas de poder. Mazón fue de cara a barraca y, una vez reunido con los todos grupos parlamentarios, certificó un acuerdo con la ultraderecha española. El País Valencià se sumó a la experiencia primeriza de Castilla y León.
La negociación se cerró en un abrir y cerrar de ojos, en dos días, en contra de los rumores que apuntaban a que el PP alargaría el proceso al máximo para evitar comprometer la campaña electoral del 23 de julio. Avalado por Alberto Núñez Feijó, Mazón permitió que los ultras ostenten una vicepresidencia y las conselleries de Interior, Justicia y Agricultura, al margen de la presidencia de las Corts Valencianes. La única línea roja del PP la trazó con la presencia del cabeza de lista de Vox, Carlos Flores, que se apartó del gobierno valenciano por la condena por violencia machista que arrastraba. Defenestrado del ejecutivo, Flores es el candidato ultra a las elecciones generales.
El entendimiento se tradujo en una lista de medidas en la cual el PP asumía el lenguaje, el marco mental e ideología de la ultraderecha, a base de anticatalanismo, xenofobia y machismo. Entre las medidas, a base de vaguedades, conceptos genéricos y eufemismos, destaca el perjuicio hacia el modelo lingüístico: fortalecer y blindar la presencia del castellano y, en contraposición, reducir la promoción del valenciano como lengua propia del País Valencià, debajo el paraguas de la "libertad de elección".
La tranquilidad de las Illes Balears
En contraposición al País Valencià, la popular Marga Prohens no ha tenido que sudar ni la mitad para ser escogida como nueva presidenta de las Illes Balears, en sustitución de Francina Armengol. El PP ha recuperado el trono balear en solitario después de firmar un acuerdo para la investidura con Vox, que se abstuvo en la elección de Prohens. Como resultado del pacto, el partido ultra no forma parte del gobierno autonómico, pero sí que entra en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, al margen de presidir el Parlament.
En el acuerdo de 110 puntos programáticos se aspira a "conseguir el fin de las políticas socialistas y separatistas en las Illes aplicadas por el anterior gobierno, además de las bases para un cambio en las Balears que atienda prioritariamente problemas como la falta de libertad lingüística, el acceso a la vivienda, la bajada de impuestos, el apoyo a la familia o la lucha contra la inmigración ilegal". El catalán, otra vez, en el punto de mira de la alianza PP-Vox. También habla de la prevención de la "violencia contra las mujeres", incluida la que se enmarca en el ámbito de la "violencia intrafamiliar". A diferencia del País Valencià, donde el PP ha necesitado el voto positivo de los 13 diputados de Vox para conseguir la mayoría absoluta, Prohens ha tenido suficiente con la abstención de los 8 ultras para neutralizar una alternativa de la izquierda.
El giro de Extremadura
Fue la que puso más resistencia, pero la fuerza de la cúpula del partido para ocupar el máximo de poder fue todavía más dura. La líder popular extremeña, María Guardiola, investida este viernes, se obstinó en un principio en impedir la entrada de Vox a su gobierno, para cerrar la puerta "a los que niegan la violencia machista". Tanta fue la oposición de Guardiola, que barajó la posibilidad de repetir elecciones. Antes de abrir las urnas de primavera, Guardiola aseguró que no gobernaría con el partido ultra.
A pesar de que el socialista Fernández Vara ganó las elecciones, el PP tenía que pactar con Vox para desbancarlo. Y la primera reacción de la popular fue que, con Vox, ni a la esquina: "Yo no puedo dejar entrar al gobierno a los que niegan la violencia machista, a los que utilizan el trazo grueso, a los que están deshumanizando a los inmigrantes y a los que despliegan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI".
Con todo, el discurso de Guardiola empezó a virar una vez visitó Madrid con motivo de la investidura de Isabel Díaz Ayuso. A las puertas del 23 de julio, el PP no se podía permitir el lujo de dejar escapar ninguna parcela de poder y Extremadura formaba parte del plan para extender el tsunami azul surgido del 28 de mayo. Cinco días después de negar la entrada a Vox al ejecutivo autonómico, el PP de Guardiola anunció un pacto para hacer una coalición. "Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños", defendió la popular. Dicho y hecho, porque los cinco diputados de Vox ocuparon la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
El bloqueo de Murcia
La situación más bloqueada es la de la Región de Murcia, aunque, paradójicamente, parecía que era la que se tenía que resolver más rápido. ¿Por qué? Pues porque al sur del País Valencià el PP se quedó a tan solo dos diputados de la mayoría absoluta. Nadie pensaba que la ultraderecha se obstinara de esta manera y era de prever que no pondría mucha resistencia a la elección de Fernando López Miras, que ha gobernado el último tramo de legislatura pactando con diputados tránsfugas de Ciudadanos y expulsados de Vox después del fracaso de la moción de censura. Lejos de solucionarse por la vía rápida, Vox ha bloqueado la investidura de López Miras, tumbando dos veces la votación, porque reclaman ocupar una vicepresidencia y dos consejerías del futuro murciano.
En la segunda votación, efectuada este lunes, la Asamblea Regional rechazó la investidura gracias a los 24 votos en contra de Vox, el PSOE y Podemos, frente a los 21 favorables de los populares. Si no se resuelve pronto, la región está condenada a las urnas otra vez. Ahora bien, los partidos de la izquierda tienen claro que el bloqueo representa una "ópera bufa" del PP y Vox y tienen asumido que la investidura tendrá lugar después de las elecciones del 23 de julio.
De hecho, el enquistamiento murciano está sirviendo de argumento para el Partido Popular, que pone al PSOE y a Vox en el mismo saco y los acusa de no dejar gobernar a la lista más votada en las urnas. Feijóo lo utiliza para armarse de razones, reclamar a Pedro Sánchez que permita un gobierno en solitario del PP si gana las elecciones por minoría y, al fin y al cabo, evitar la dependencia de Vox. En un mitin celebrado en Murcia este miércoles, el presidenciable del PP ha dicho que "son aliados", que "tienen los mismos intereses", que es impedir un gobierno del PP.
La espera de Aragón
El panorama en Aragón es todavía más endemoniado porque, para echar al socialista Javier Lambán, hay partidos regionalistas que pueden decantar la balanza, al margen del PP y Vox. El sueño de los populares, encabezados por Jorge Azcón, es seguir el modelo balear y conseguir un gobierno en solitario con la abstención de Vox. Pero los de Santiago Abascal apuestan por la vía valenciana y también exigen formar parte del gobierno aragonés. Sin Vox no hay gloria, porque el PP está a once diputados de la mayoría absoluta. Aparte de los ultras, el PP necesita convencer a los tres diputados de Aragón Existe y el solitario del Partido Aragonés, con los cuales está negociado un acuerdo de legislatura. No hay fecha para la investidura.