La CUP llega a las elecciones del 12-M en un momento muy delicado. Los anticapitalistas se encontraban en horas bajas cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció la convocatoria de elecciones catalanas a mediados de marzo. A pesar de haber tenido la llave de la gobernabilidad en la última sesión de investidura y exhibir en el Parlament la fuerza que le habían otorgado las urnas hace tres años —con nueve diputados, los cupaires se habían quedado a solo uno de su mejor resultado histórico—, el último ciclo electoral había dejado la formación en la cuerda floja, hasta el punto de plantearse la refundación. Pero ¿cómo ha llegado hasta aquí?

Los comicios de 2021 dejaron a la CUP en una buena posición. Por tercera edición consecutiva, la formación tenía llave para investir a un gobierno independentista, y esta vez con el aliciente de poder hacer presidente a una figura de ERC y no del espacio postconvergente, que siempre había sido motivo de irritación para los anticapitalistas. El acuerdo con los republicanos se rubricó pronto, solo un mes después de la cita en las urnas, y contenía puntos positivos para los intereses cupaires, como el compromiso de Pere Aragonès de no utilizar la Brimo de los Mossos d'Esquadra en desahucios, la creación de una banca pública y la inversión de un 25% del presupuesto de Salud a la atención primaria. La relación con el presidente, sin embargo, pronto se volvió agria: la coalición con Junts alejó Aragonès de la vía de las izquierdas y los puntos del acuerdo empezaron a quedar olvidados.

Viendo la deriva que tomaba el Govern de la Generalitat, la CUP pronto pasó al ataque, acusando a Pere Aragonès de "estar reproduciendo las políticas de siempre" actuando como un "dirigente de la patronal", hasta el punto que le exigieron que se sometiera a una cuestión de confianza. La salida de Junts del ejecutivo no sirvió para arreglar la situación, con una ERC obligada a buscar el apoyo externo de los exsocios y un PSC con demandas propias de la derecha. Así es cómo las exigencias del Hard Rock, la ampliación del aeropuerto y la B-40 se pusieron sobre la mesa de cara a la aprobación de los presupuestos, y juntaires y socialistas hacían valer su fuerza para doblegar al Govern e imponer sus intereses en el Parlament. En medio de este tira y afloja a tres, la CUP tenía muy poco a decir, e incluso se autodescartaba en la negociación de las cuentas para evitar ensuciarse las manos.

Dos meses, dos derrotas electorales

El inicio visible de la actual debacle fueron las elecciones municipales, celebradas el 28 de mayo. Aunque la CUP se autodefine y se reivindica como una organización con espíritu municipalista, la ciudadanía no pareció verlo de la misma manera. En todo Catalunya, los cupaires consiguieron rascar solo el 4,43% de los votos totales, más de dos puntos por debajo del porcentaje obtenido en las autonómicas de 2021, si bien se trataba de un crecimiento de un punto respecto de los últimos comicios locales. Los resultados no fueron especialmente malos, teniendo en cuenta el comportamiento diferenciado del electorado —que no vota de la misma manera en las diferentes citas en las urnas—, pero igualmente se reconocieron como un tropiezo. Alcanzar la alcaldía de Girona no fue un aliciente suficiente después de haber perdido la representación en Tarragona y haberse quedado, nuevamente, fuera del pleno municipal en Barcelona y Lleida.

Los cupaires no tuvieron tiempo para digerir los resultados, que ya se anunciaba una nueva convocatoria electoral. La cita en las urnas para renovar el Congreso de los Diputados obligó la formación anticapitalista a plantearse si valía la pena seguir ahí, después de haber conseguido llevar a dos diputados en su estreno en 2019. Las bases de la CUP apostaron por volver a presentarse con el 61% de los votos en una consulta interna, demostrando así la existencia de un grosor notable de militantes que no valoraban positivamente esta opción. Y el tiempo les acabó dando la razón, porque los cupaires acabaron perdiendo 150.000 votos y sus dos diputados en las generales de 2023, significando un nuevo revés contundente. En menos de dos meses, las urnas habían sumido la formación en una indiferencia y un desconcierto prácticamente totales.

Una refundación inacabada

Para intentar revertir la tendencia y asustar a los fantasmas de una posible desaparición, la CUP reaccionó asumiendo sus errores y empezando rápidamente un proceso de refundación. El 'Proceso de Gabrí' arrancaba después de admitir que no se había hecho una "buena lectura de la situación, del clima, del agotamiento y del cansancio" político, y en consecuencia no había estado "a la altura". Por este motivo, se instaba la militancia a "abrir un proceso de debate estratégico profundo del proyecto de la unidad popular" y así reorganizar los principios ideológicos de la izquierda independentista —siempre en torno a los cuatro pilares del socialismo, la independencia, el feminismo y el ecologismo—. La operación no quería ser "un ejercicio de cosmética" para maquillar las últimas derrotas electorales, sino un verdadero proceso de reforma interna para devolver "una CUP actualizada capaz de coger el futuro".

La operación se puso en marcha formalmente en octubre, y tenía previsto ser de larga duración. Los miembros del secretariado nacional tenían por encargo elaborar un primer documento de refundación —basado en los resultados de varios debates que arrancaron al principio de este año— que pasaría a discutirse internamiento, para después culminar con una Asamblea Nacional a mediados de 2024. La idea era tener preparada a la nueva CUP para enfrentarse a unas elecciones catalanas que todo hacía prever que no se celebrarían hasta febrero de 2025. Eso daba un margen cómodo para dar a conocer el nuevo proyecto y encarar la cita con las energías renovadas. Pero todo saltó por los aires cuando el desacuerdo por los presupuestos llevó Pere Aragonès a anunciar un adelanto electoral en marzo que cogía a la CUP a contrapié. Obligados a paralizar su proceso de refundación sin tenerlo ni mucho menos terminado, los anticapitalistas llegan al 12-M con una cierta desorientación inevitable, reconocida incluso por la candidata Laia Estrada.

La CUP cambia el amarillo por el verde

Pero eso no los ha privado de encarar la cita en las urnas con optimismo. Los anticapitalistas han decidido aparcar las penurias y coger el toro por los cuernos. La independencia vuelve a ser uno de los principales alicientes para depositar la papeleta amarilla el 12 de mayo, ya que, después de una legislatura dominada por el estancamiento del procés, la CUP quiere convertir estas elecciones en una especie de plebiscito para la independencia, en que se tendrá que escoger entre una política "dependiente de aquello que diga el estado" o emprender "un nuevo rumbo" hacia la soberanía. Sin embargo, la irrupción del expresidente Carles Puigdemont —la cara más visible del referéndum del 1 de octubre— en la campaña como candidato de Junts podría hacer saltar los planes de los cupaires por los aires, ya que aquel grosor del electorado más propenso al unilateralismo y al combate con el Estado podría decantarse para esta opción.

Es por eso que esta vez la CUP quiere potenciar otro de sus pilares: el ecologismo. Precisamente, el perfil verde es una de las principales cartas que quiere jugar la CUP este 12-M. La candidata a la presidencia es tarraconense, y se ha destacado en el Parlament por su oposición al macrocasino del Hard Rock, así como su lucha contra el complejo petroquímico de Tarragona. Más allá de Estrada, el cabeza de lista por Lleida será Bernat Lavaquiol, ingeniero agrónomo y forestal y portavoz de la plataforma 'Stop JJOO', que tuvo un papel destacado, cuando se hablaba de traer los Juegos de Invierno a Catalunya. La candidatura por Tarragona lo encabezará el geógrafo y activista ecologista Sergi Saladié. I Dani Cornellà, presidente de la Comisión de Acción Climática del Parlament y activista por la transición energética, es el cabeza de lista por Girona.

Con esta composición, la CUP apuesta por llevar al Parlamento de Catalunya todo de expertos y activistas que priorizan la defensa del territorio y la lucha contra esta crisis climática. Precisamente, Laia Estrada aseguró en su rueda de prensa de presentación como candidata que "hay que hacer un cambio radical de modelo", refiriéndose a esta amenaza ecológica. "Se tienen que parar los macroproyectos, frenar la masificación turística, garantizar derechos básicos para todo el mundo y tener soberanía e independencia para construir este cambio necesario", reivindicó. El lema final de su presentación no escondió el objetivo de la formación: "Defendemos la tierra, sabemos que otro país posible y salimos a ganar".