Carles Puigdemont se ha reunido con los rectores de las universidades públicas catalanas, a cinco días de la celebración de las elecciones en Catalunya. Junto con Toni Castellà, el candidato de Junts les ha trasladado sus propuestas en materia de universidades e investigación (que se pueden consultar en su programa electoral). Por su parte, la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha hecho valer la llamada Declaració de Calonge: un documento con doce propuestas para los representantes políticos.

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La declaración fue presentada el pasado mes de abril, firmada por los rectores: Quim Salvi, Universitat de Girona (UdG) y presidente de la ACUP; Joan Guàrdia, Universitat de Barcelona (UB); Javier Lafuenta, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Daniel Crespo, Universidad Politécnica de Catalunya (UPC); Laia de Nadal, Universitat Pompeu Fabra (UPF); Jaume Puy, Universitat de Lleida (UdL); Josep Pallarès, Universitat Rovira i Virgili (URV); y Àngels Fitó, Universitat Oberta de Catalunya (UOC). También la firmaron los presidentes de los consejos sociales de las universidades: Joan Corominas, UB; Tania Nadal, UAB; Montserrat Guàrdia, UPC; Montserrat Vendrell, UPF; Maria Assumpció Vila, UdG; Delfí Robinat, UdL; y Josep Poblet, URV.

¿Qué dice la Declaració de Calonge?

Así, la Declaració de Calonge advierte que "una sociedad de progreso y una economía competitiva en el contexto global requieren unas universidades sólidas que atiendan, con plenas responsabilidad y garantías, sus funciones principales". También recuerda que las instituciones de educación superior han sufrido el "fuerte impacto" de las "crisis económico-financieras de los últimos quince años" y reivindica que, "por cada euro público invertido en las universidades públicas, estas devuelven cuatro euros y medio a la sociedad":

Entre las doce medidas recogidas en el documento de la ACUP, se propone "una financiación básica y recurrente de 1.400 millones de euros el año 2025" y, al mismo tiempo, comprometerse a "alcanzar, el año 2030, el 1% del PIB de Catalunya en inversión pública en universidades". También plantea la puesta en marcha de un "contrato programa plurienal con cada universidad que permita disponer de una estrategia singular de cada institución", así como "recuperar un plan de inversiones universitarias con cien millones de euros anuales". En esta línea, sugiere la creación de un programa de becas salario para el alumnado y desarrollar sendos planes de financiación para desplegar la Ley orgánica del sistema universitario en materia de personal administrativo y de personal docente, incluyendo en este caso a los investigadores en formación y del personal posdoctoral. De la misma manera, plantea integrar la formación a lo largo de la vida en el sistema, fomentar la participación de las universidades en retos estratégicos de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dotarse de una infraestructura docente adecuada para atender la diversidad del alumnado e incentivar la transferencia en términos similares a la docencia y la investigación. Finalmente, reivindica que se consolide "un departamento de universidades e investigación en el Govern" como el que ha estado operativo durante la presente legislatura.

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