La Comissió de la Dignitat ha anunciado que "planta cara" a la decisión de la Junta Electoral de Barcelona de prohibir la concentración contra la comisaría de la Via Laietana, que hacen cada primer y tercer martes de cada mes, al asegurar que interfiere en la campaña de las Elecciones de Catalunya del 12-M. Los abogados y portavoces de la Comisió de la Dignitat, Pep Cruayes y Pilar Rebaque, han informado a ElNacional.cat que mantienen la convocatoria del 7 de mayo a las 7 de la tarde ante la Jefatura de la Policía, en el número 43 de Via Laietana, para que sea reconvertida en un espacio de memoria de las torturas vividas en el franquismo y en la democracia. Además, la Comissió de la Dignitat ha presentado un recurso contra esta prohibición ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que hará una vista, este mismo jueves, para resolver de urgencia sobre la prohibición que afecta el derecho fundamental de manifestación. Los abogados han afirmado que la Comissió de la Dignitat no está vinculada a ningún partido político, y que realizan estas protestas delante del edificio desde hace tres años.
Los partidos políticos sí que han usado la comisaría de la Via Laietana en campaña electoral. El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha anunciado recientemente que el edificio será clasificado como un espacio de memoria, como fija la ley española de Memoria Democrática, todo y que sin cambiar sus usos; es decir, que se mantendría la policía. Un anuncio criticado por la Comissió de la Dignitat y también, aunque en sentido contrario, por el sindicato policial JUPOL, que el jueves pasado se concentró delante de la comisaría para reclamar que se mantenga. A esta convocatoria se añadieron los candidatos del PP y Vox y diputados de Cs, que convirtieron el acto en uno más de la campaña a la presidencia de la Generalitat.
No hay denuncia
La Junta Electoral de Barcelona ha prohibido la concentración de Via Laietana, avanzada por El Punt Avui, de oficio y sin haber recibido ninguna denuncia concreta, como es habitual que hagan partidos rivales en campaña electoral. La concentración de la Comissió de la Dignitat consta en el Departament de Interior y así ha sido localizada y prohibida a criterio de los integrantes del órgano electoral, formado por magistrados. Los magistrados que fueron designados para formar parte de la Junta Electoral Provincial de Barcelona son Agustín Vigo Morancho, Enrique Rovira del Canto y Maria Dolors Portella Lluch. Y las vocales no judiciales son: Meritxell Cabezón Arbat y Annabel Moreno Nogué.
"La Comissió de la Dignitat no somos un partido político, no damos apoyo a ningún candidato ni partido. Somos una entidad de memoria que hace años reivindicamos este espacio. Desde hace tres años que cada primer y tercer martes de cada mes hacemos esta concentración", ha manifestado Pilar Rebaque.
Además de la Comissió de la Dignitat, la campaña Via Laietana, 43 Hacemos Justicia, hacemos memoria es suscrita por más de una veintena de entidades, como Òmnium Cultural, y ha recogido apoyos internacionales. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió un mensaje grabado de apoyo, que se retransmitió en la concentración. Y, recientemente, Martxelo Otamedi, desde Euskadi, ha expresado su apoyo a la campaña y ha exigido que el cuartel de Intxaurrondo, centro de torturas de la Guardia Civil, también sea devuelto a la ciudadanía y se convierta en un espacio de memoria.
Derecho de protesta suspendido
Un tribunal de la sala del contencioso-administrativo del TSJC tendrá que resolver ahora si la Junta Electoral de Barcelona se ha excedido al prohibir el derecho fundamental de manifestación a los integrantes de la Comissió de la Dignitat. Un extremo que el TSJC tuvo que resolver en plena pandemia de la covid-19, con la convocatoria de varias manifestaciones. Una de ellas fue en mayo del 2020, el TSJC permitió a los seguidores del partido de ultraderecha Vox manifestarse en coche en Catalunya, enfrente de la prohibición del Ministerio del Interior para evitar contagios y al dar prioridad a la salud de los ciudadanos. Para el TSJC, ya había remitido bastante la pandemia y aseguraba que el estado de alarma no podía suspender ningún derecho fundamental. Con todo, fijó que la protesta solo podía durar una hora.
En la foto principal, Blanca Serra y otras mujeres vejadas en la comisaría de Via Laietana, en la presentación de libro Torturadas, de Gemma Pasqual. / Foto: Montse Giralt/ Archivo