El programa electoral de Comuns Sumar para las elecciones catalanas 2024 ya es público. Bajo el título La Catalunya que viene, Jéssica Albiach presenta un documento en que a través de múltiples propuestas explica el modelo de país que quiere construir. Te detallamos las propuestas del programa electoral de los comunes para el 12-M
🗳️ Programas electorales en Catalunya 2024: ¿qué propone cada partido?
👤¿Qué hay que saber de Jéssica Albiach, candidata de los Comuns en las elecciones catalanas 2024
¿Qué propone Jéssica Albiach?
El programa electoral de los comunes está estructurado en seis apartados en los que aborda la economía y la transición ecológica, las políticas sociales, la diversidad e inclusión, el feminismo, el autogobierno y la equidad territorial. Con respecto al autogobierno, los comunes defienden un "nuevo catalanismo arraigado al soberanismo de izquierdas y el federalismo plurinacional". En este sentido, proponen impulsar el reconocimiento de Catalunya como nación, mejorar el autogobierno, reimpulsar la Mesa de diálogo con el Estado y entre las fuerzas catalanas para resolver el conflicto político y establecer una ley que regule el referéndum para consultar a la ciudadanía sobre el futuro de Catalunya. También apuestan por que Catalunya se implique en la transformación del modelo del Estado para construir una República plurinacional y federal.
La formación que lidera Jéssica Albiach propone negociar una financiación propia para Catalunya que permita recaudar el 100% de los impuestos a través de un consorcio entre la Agencia Tributaria de Catalunya y la del Estado. También reclama una modificación en el reparto de dinero entre la administración del Estado, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos a fin de que se aumente la financiación hacia los dos últimos, y crear una Banca Catalana de Inversión para favorecer el acceso al crédito a la ciudadanía. En materia fiscal, propone aumentar la progresividad del impuesto de sucesiones y donaciones, reformar el de patrimonio para aumentar los gravámenes a los más elevados, y modificar el IRPF a fin de que se aplique el mismo tipo impositivo a los rendimientos del trabajo y del capital. Además, propone introducir un impuesto indirecto sobre la adquisición de bienes de lujo, anular la reducción en el impuesto del juego, aplicar el IVA superreducido en los productos de primera necesidad y el reducido en bienes como el material escolar o las gafas.
En el ámbito laboral propone una reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, limitar las horas extras, potenciar los convenios sectoriales catalanes, aumentar la plantilla de Inspección de Trabajo, reforzar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) recuperando su carácter público. También quiere impulsar líneas de ayuda para autónomos a través del Institut Català de Finances (ICF), incorporar a estos trabajadores al régimen general de cotización en la seguridad social y crear líneas de asesoramiento y soporte técnico para autónomos.
En relación con el primer sector propone aprobar medidas fiscales y finanzas de ayudas agroambientales, garantizar el soporte público para alcanzar la viabilidad de las explotaciones agrícolas, ganaderas y silvícolas, proteger los suelos agrícolas y regular el precio, además de gravar la tierra en desuso. Apuesta por revisar el sistema de seguros y las primas, garantizar prestaciones de jubilación justas a los trabajadores del sector e impulsar medidas para garantizar el relevo generacional. También quiere impulsar un plan de transición agraria para reducir agroquímicos y prohibir los transgénicos, modernizar los regadíos, impulsar un plan de reconversión de la ganadería industrial en la ecológica y fomentar la extensiva, aprobar la ley de soberanía alimentaria y obligar a identificar el origen de los productos de alimentación que se comercialicen en Catalunya.
Con respecto al sector secundario propone impulsar un plan de reindustrialización de las veguerías a fin de que el 20% del empleo de estas sea industrial, impulsar sectores emergentes, aumentar hasta el 3% del PIB la inversión en R+D+I e implementar el corredor mediterráneo el transporte de mercancías por ferrocarril y la adecuación de los polígonos industriales. En relación con el comercio, promete limitar la instalación de equipamientos comerciales fuera de la trama urbana, y controlar las operaciones urbanísticas de gran magnitud. También, reimpulsar el papel de los mercados municipales e incluir a la legislación el "consumo responsable y sostenible" como derecho básico. En cuanto al turismo, propone reducir de cinco a tres años el plazo para la anulación de licencias de pisos turísticos, limitar los cruceros a 3 barcos al día y 200.000 cruceristas al mes, trasladar a los ayuntamientos la gestión de la tasa turística y mantener la oposición a la ampliación del Prat.
En el ámbito sanitario propone fijar una inversión como mínimo del 7% del PIB y destinar un 25% a la atención primaria y un 3% a la salud pública, eliminar progresivamente los conciertos y las externalizaciones a operadores privados y garantizar el acceso universal al sistema sanitario público a todas las personas que viven en Catalunya. Los comunes quieren reducir los tiempos de espera por debajo de las 48 horas laborables en el caso de las visitas presenciales a la atención primaria, a menos de tres semanas para consultas con especialistas y pruebas no urgentes y por debajo de los tres meses para todas las intervenciones quirúrgicas. En este sentido, apuestan por mejorar los recursos de los centros sanitarios y las condiciones laborales de los trabajadores, garantizando a la atención primaria las mismas horas asistenciales de antes de los recortes. También quieren aumentar la cartera de servicios, con dentista, fisioterapia y óptica, y aumentar especialmente los psicólogos, hasta alcanzar una ratio de 18 por cada 100.000 habitantes. Finalmente, apuestan por crear una farmacéutica pública para abaratar los costes de acceso a los medicamentos.
Con respecto a la vivienda, proponen destinar entre el 1 y el 1,5 % del PIB y desarrollar el Plan por el derecho a la vivienda 2024-2044 para incrementar el parque de alquiler social hasta llegar al 10% en el conjunto de Catalunya. Así, quieren incorporar 15.000 viviendas nuevas de alquiler social, a través de diferentes mecanismos que incluyen la construcción de nuevas casas y la compra de otros. También proponen incorporar un régimen sancionador para penalizar las infracciones de la ley de vivienda estatal y de Catalunya, e impulsar políticas para garantizar el acceso a la vivienda a los jóvenes, las personas mayores y las familias monoparentales o en situación de vulnerabilidad. En concreto, de cara a los jóvenes, proponen construir 4.000 viviendas y ampliar el bono joven de alquiler. Por otra parte, apuestan por impulsar la Ley de barrios verdes y destinar 1.500 millones de euros en cinco años para rehabilitar estructural y energéticamente viviendas de barrios vulnerables y los centros históricos de las ciudades. Asimismo, proponen medidas fiscales para incentivar la promoción de vivienda, proteger y penalizar la especulación y la acumulación de viviendas.
En el ámbito educativo prometen aumentar el gasto hasta el 7% del PIB, hacer una transición de los centros concertados a la red pública en los próximos 8 años, garantizar el modelo de inmersión lingüística, la laicidad en la educación y universalizar la oferta educativa de los 0 a los 18 años, haciendo obligatorio la enseñanza hasta la mayoría de edad. También proponen aportar recursos adicionales a las escuelas e institutos para cubrir gastos de material escolar, actividades curriculares, y conseguir la gratuidad del comedor escolar al final de la legislatura, así como destinar una parte de la inversión a los ayuntamientos para promover actividades extraescolares gratuitas. Prometen mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación y reducir el número de interinos. En la universidad proponen reducir los precios hasta recuperar los valores anteriores al curso 2012-2013 con la idea de alcanzar la gratuidad en el futuro.
En el ámbito social proponen modificar la ley de la Renta Garantida de la Ciutadanía para incluir a todas las personas con un año de convivencia en Catalunya, ampliarla en los mayores de 21 años, mejorar los complementos asociados y hacerla compatible con las rentas del trabajo cuando no se alcanza un mínimo. En relación con la inmigración, proponen garantizarles el acceso a los servicios públicos independientemente de la situación administrativa, impulsar una oficina para ayudarlos en la inserción sociolaboral, impulsar políticas de inclusión, aumentar la oferta de cursos de catalán y castellano y reclamar al Estado español la derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIE. Los comunes también apuestan para aumentar el presupuesto destinado a las políticas feministas, LGTBI+ y de no discriminación en todos los departamentos hasta que llegue al 1% del total anual.