La elección de Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados se convirtió en el 2019 en una auténtica gincana. La Junta Electoral rechazó sus candidaturas, lo cual obligó a presentar una lista con nombres provisionales -Xavier Trias, Bea Talegón y Gonzalo Boye- hasta que, tras una carrera contra reloj, consiguieron que los tribunales les dieran la razón. La JEC proclamó la candidatura horas antes del inicio de la campaña electoral. No fue este, sin embargo, el único obstáculo. A pesar de ganar las elecciones en Catalunya, el Parlamento Europeo, presidido entonces por el conservador Antonio Tajani, vetó la entrada a los políticos exiliados con el argumento que no habían sido proclamados porque no se habían presentado en el Congreso de los diputats a prometer la Constitución, tal como impone la LOREG.
Esta negativa abrió un nuevo frente legal al exilio, y los dos eurodiputados tardaron todavía seis meses en conseguir el acceso a la Eurocámara. No pudieron entrar hasta que a finales de diciembre del 2019 se conoció una sentencia en que el TJUE resolvía que Oriol Junqueras tenía la inmunidad como eurodiputado desde el momento en que se proclamaron los resultados, el mes de junio. Junqueras no pudo aprovechar esta sentencia, dado que el juicio en el Supremo contra los líderes del procés había continuado a pesar de su elección como eurodiputado y ya había sido condenado. Por el contrario, Puigdemont y Comín pudieron acceder a la Eurocámara al día siguiente.
Suplicatorio
El aterrizaje en el escaño tampoco fue fácil, vetados por los partidos convencionales, no consiguieron ser acogidos en de los grupos a que acudieron y se tuvieron que sumar al grupo de los No Inscritos (NI). Esto no impidió que desde la Eurocámara los dos diputados, a los cuales se añadió poco después Clara Ponsatí ocupando uno de los escaños que el Brexit había dejado libres, han desplegado una intensa actividad de denuncia sobre la vulneración de los derechos fundamentales por parte del Estado español con la represión contra el independentismo. Es más, según Comín, el hecho de formar parte de los NI no ha sido un problema, sino al contrario, dado que han disfrutado de una "visibilidad, muy por encima de lo que es habitual en un eurodiputado estándar".
Incluso el debate del suplicatorio que pidió el juez instructor Pablo Llarena contra los tres políticos independentistas se convirtió en un nuevo altavoz. El eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos que tenía que ventilar esta cuestión y que, curiosamente quedo copada por eurodiputados españoles. Finalmente, el suplicatorio de Puigdemont ha sido uno de los que ha prosperado con menos apoyos de toda la historia de la Eurocámara.
Popularidad
Después de las imágenes del 1-O. el pulso al Estado español -con detenciones incluídas- y la intensa agenda desde la Eurocámara, Puigdemont se acabó convirtiendo en un personaje popular en la política europea. El pasado mes de abril una encuesta de los diputados de Junts publicada en POLITICO demostraba que Puigdemont tiene un nivel de conocimiento entre los europeos más alto que la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.
La intención de Comín es tomar el relevo al presidente en el exilio, que no optará a ocupar un escaño de la Eurocámara en estas elecciones. Con todo, el candidato de Junts aseguraba este jueves que Puigdemont seguirá teniendo, desde la presidencia de la Generalitat que se tendrá que elegir después de los comicios y a la cual Junts no renuncia, un claro protagonismo en la batalla en el exterior a favor de la autodeterminación. "Es un activo que sigue siendo imprescindible para el procés", asegura Comín.
Programa
Precisamente el primero de los tres ejes del programa de Junts para las elecciones europeas es la internacionalización de la causa catalana, con una defensa del derecho a la autodeterminación, con voluntad de "reivindicación y pedagogía", así como la denuncia de las violaciones del estado de derecho en la persecución del Estado español contra el independentismo. Una vez más Junts aprovecha para denunciar el doble estándar de la UE a la hora de perseguir las violaciones de los derechos fundamentales, cuando se aplica a países del este, como Polonia o Hungría, o cuando se trata de España.
El segundo eje del programa es la defensa de los intereses de Catalunya. En este punto recuerda que el Principado no dispone de representación propia en las instituciones europeas, por lo cual este trabajo lo tienen que llevar a cabo los eurodiputados. Comín señala en este capítulo sectores como la agricultura, las Pymes y el rechazo contra la opa del BBVA al Banc Sabadell. Con todo, aparecen como puntos centrales la estrategia para acabar alcanzando la plena oficialidad del catalán, o la defensa del Corredor Mediterráneo.
El tercer eje aborda los principales debates europeos, entre los cuales la reforma institucional de la UE para hacerla más democrática -participación directa de los ciudadanos en la elección del presidente de la Comisión o dotar el Parlamento de capacidad legislativa-, cambio climático, política exterior -la UE tiene que ser un actor de "paz justa" y impulso del derecho internacional y asumir los costes de su territorio en defensa, para no depender de los EE.UU.-, o lucha por la igualdad y no discriminación.