Las elecciones europeas del próximo 9 de junio han vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea, que hace ocho meses, que está estancado después de 5 reuniones. El inicio de la campaña de los comicios europeos han vuelto a reavivar el debate sobre esta cuestión que no avanza a pesar de los intentos del Gobierno. En las diversas reuniones entre los 27, España ha defendido que se trata de una cuestión "de identidad nacional" y ha presentado varios documentos con el fin de luchar contra las reticencias que han mostrado varios estados, como Lituania y Suecia. Desde el mes de septiembre, el Gobierno trabaja para convencer a los socios más escépticos de la importancia de convertir estos idiomas en lenguas oficiales de la UE.
El debate sobre el catalán en la UE
El camino de la oficialidad del catalán en la UE empezó hace casi un año. La primera vez que el Gobierno trasladó esta cuestión fue en septiembre de 2023, en medio de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez y coincidiendo con la presidencia semestral de España en el Consejo de la Unión Europeo. El primer aplazamiento llegó después del primer debate como resultado de las dudas que habían expresado una buena parte de los socios europeos. Desde esta reunión, los esfuerzos del Gobierno se han centrado en intentar convencer a los más escépticos. En noviembre, España hizo un segundo intento presentando un memorándum donde se incluían una serie de condiciones por evitar que otras lenguas pudieran utilizar el caso catalán para pedir la oficialidad. Ante las reticencias de varios países, el Gobierno mostró su predisposición a asumir los costes económicos, una cuestión que preocupaba a Suecia, que considera "demasiado elevados".
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, hay muchos estados que no están dispuestos a avanzar en la cuestión. El pasado mes de marzo se produjo una última reunión de ministros de Asuntos Exteriores donde se trató esta cuestión y varios estados como Finlandia expresaron su temor a "posibles repercusiones" dentro de su territorio por parte de otras lenguas minoritarias. En la misma línea que Lituania, que en varias ocasiones ha expresado sus dudas asegurando que la oficialidad del catalán puede comportar una "ola de peticiones" similar para incluir otras lenguas. La opinión compartida entre los estados es que hacen falta dos informes para dar nuevos pasos. Por una parte, reclaman un informe de la Comisión Europea que ponga cifras al coste de la oficialidad. El único avance que se ha hecho en este sentido es la elaboración de un documento preliminar que cifraba en 132 millones de euros el coste anual de hacer oficiales el catalán, el vasco y el gallego, aunque estaba basado en cálculos que se llevaron a cabo el año 2015 por el gaélico y que, según el Gobierno, "no se puede considerar un informe definitivo". La segunda exigencia es un informe de los servicios jurídicos del Consejo para evaluar si la modificación que propone el Estado se ajusta al derecho de la Unión. Precisamente este informe es el que reclaman los Estados más esquivos con la medida y consideran que les da una fotografía más esmerada y evaluar el futuro de la iniciativa. A pesar de esta presión, España todavía no ha pedido oficialmente ningún informe, y sin la petición, no se prevé que se vuelva a debatir sobre el catalán en las próximas reuniones.
El catalán en el Parlamento Europeo
La lengua catalana está siguiendo un camino similar en el Parlamento Europeo. El proceso para avanzar en el uso del catalán también está parado, una petición que también se planteó el mes de septiembre. Ahora bien, la aprobación del catalán en el Consejo supondría el uso del catalán en el Parlamento de forma automática. Sin embargo, también se podría aprobar el uso de la lengua en la Eurocámara si una mayoría de los vicepresidentes de la Mesa del Parlamento Europeo se mostraran a favor de permitir el uso del catalán por parte de los eurodiputados. Para poder sacar adelante la propuesta, sería necesario que más de siete vicepresidentes le dieran apoyo, una mayoría que los socialistas (máximos impulsores de la medida con los Verdes/ALE) no tienen.