La llamada ley del solo sí es sí y la respuesta pública a la violencia de género han sido el gran lodazal con que se han ensuciado las manos los dos socios de Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. De hecho, es uno de los argumentos del PP para desgastar al PSOE en la campaña de las elecciones generales. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asumió la cartera con el reto de desplegar una norma que diera más y mejores respuestas a los casos de violencia de género, que ayudara a prevenirlos y que estableciera herramientas en los juzgados, instituciones públicas y ciudadanía para combatirlos. Ha sido el proyecto estrella de Montero que ha cocinado durante casi toda la legislatura. Ahora bien, los efectos indeseados de la ley, traducidos en la rebaja de penas y excarcelación de condenados por delitos sexuales, han acabado propiciando una de las mayores crisis de la legislatura en el seno del ejecutivo, hasta el punto que una contrarreforma la enmendó en contra la voluntad de sus impulsores. A pesar del caso simbólico de La Manada de Pamplona, en los últimos años ha habido otros casos de violaciones grupales que han escandalizado a la opinión pública, como el caso de Manresa o Sabadell.

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Solo un sí significa sí

Que solo un sí quiere decir sí. Esta es la esencia con la cual la Ley de Libertad Sexual aterrizó en el Congreso de los Diputados. El lema bebía del clamor social que originó la violación de La Manada de Pamplona y era el pretexto de un texto pionero en Europa: el consentimiento tenía que estar en el centro de cualquier relación sexual. A efectos prácticos, la ley aportaba protocolos, medidas y financiación a partir del cambio de perspectiva sexual y, en el ámbito penal, eliminaba la distinción entre abuso y agresión sexual. Eso se tradujo en una redefinición del Código Penal y una readaptación de las penas para perseguir los delitos sexuales.

 

Sin embargo, la aprobación por mayoría en el Congreso de los Diputados a finales del 2022 propició un efecto contrario a lo que deseaban los legisladores y, en aplicación del nuevo marco penal, los juzgados decretaron rebajas de penas y excarcelaciones a los condenados por delitos sexuales. Aquello puso en marcha una especie de contador que, poco a poco, fue pesando encima de los hombros de Montero. A principios de julio de este año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había contado con que, por la ley de libertad sexual, se habían reducido 1.155 penas y se habían liberado 117 agresores sexuales en todo el Estado en aplicación de la norma. En este punto, el Tribunal Supremo y la Fiscalía han tenido visiones contrapuestas. Así como el ministerio público defiende que no se tiene que rebajar el castigo cuando la pena impuesta al agresor continúa dentro de la horquilla prevista para este delito por el nuevo marco penal, el alto tribunal estableció el principio penal que determina que se ha de aplicar la ley más favorable al preso.

 

Irene Montero, el objetivo a abatir

Este contador puso en el punto de mira a la ministra Irene Montero, a quien la derecha y la extrema derecha acusaron de ser "un regalo" para los agresores sexuales. Encontraron un flanco para atacar y desgastar al ejecutivo de Pedro Sánchez, que había avalado la norma a través del ministerio de Justicia. Los dos ministerios implicados, Igualdad y Justicia, cruzaron durante semanas reproches en público y en privado en una imagen de división interna flagrante. Ante el ruido de las reducciones, la ministra y Podemos culparon a los jueces de no saber aplicar la norma y los acusaron de ser machistas.

Pero la herida se ensanchaba día a día y, en este contexto, el PSOE empezó a maquinar una modificación de la ley para intentar detener la sangría de rebajas y excarcelaciones a partir del retorno parcial al anterior Código Penal, que contemplaba penas más altas. A grandes rasgos, el cambio introdujo un subtipo agravado para delitos sexuales con violencia, con el objetivo de evitar penas más bajas. El caso es que los socialistas la aprobaron con el apoyo del PP y en contra del criterio de Podemos, que mantenía que la justicia no estaba haciendo bien su trabajo. En el Consejo de Ministros, la relación se tensó como nunca. La bancada popular aplaudió con ganas aquel cambio a la vista de todo el mundo.

La ley, entendida con el criterio de Podemos, duró solo seis meses en vigor. La contrarreforma provocó una de las escenas más duras de la legislatura: Irene Montero y la ministra Ione Belarra abrazadas en medio del pleno después de la aprobación del texto que enmendaba su gran proyecto legislativo. De hecho, las secuelas de la ley han impactado en las elecciones del 23 de julio, hasta el punto que Sumar descartó poner a Irene Montero en las listas electorales porque temían que eso les pudiera ser contraproducente.