Más de la mitad de los israelíes quieren un futuro sin su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Si bien en momentos de conflicto armado las poblaciones se unen en la defensa, el gobierno de Netanyahu genera rechazo, en parte, porque se les señala como responsables del ataque masivo de Hamás. Según una encuesta del Rossing Center for Education and Dialogue recogida por el The Jerusalem Post, el 86% de la población considera que el ataque de Hamás es un fracaso del liderazgo del país y el 56% creen que Netanyahu debe dimitir tan pronto como acabe el conflicto.

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El porcentaje de personas que creen que el gobierno de Israel tiene que asumir algún tipo de responsabilidad sube hasta el 94%. Incluso, el 75% de los encuestados consideran que el gobierno tiene la mayor parte de la responsabilidad en el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Tanto es así, que una pequeña mayoría del 56% de los encuestados considera que Netanyahu tendría que dimitir al final de la Operación Espadas de Hierro, nombre con el cual se ha bautizado la operación militar contra la franja de Gaza.

Quien se hace responsable del ataque, los que han salido en público a entonar el mea culpa han sido los miembros de las fuerzas armadas. Herzi Halevi, el máximo responsable de las fuerzas armadas israelíes, ha admitido que la respuesta contra el ataque de Hamás no fue adecuada. Es más, ha confirmado que los servicios de inteligencia israelíes detectaron el día antes del ataque movimientos y actividades irregulares entre los militantes de Hamás, pero no consideraron actuar.

Animadversión gestada durante meses: la polémica reforma judicial

Mucho antes del ataque masivo de Hamás, el apoyo al gobierno de Netanyahu tampoco se encontraba en su mejor momento. Su deriva hacia la derecha y la polarización del mostrador político de Israel han hecho que los últimos años, para Netanyahu, haya sido difícil seguir en el poder. Sin embargo, la gota que ha hecho tirar el vaso ha sido su proyecto de reforma del sistema judicial. Amnistía Internacional ha definido este proyecto como: "diseñado para erosionar la revisión judicial y debilitar los poderes de supervisión del Tribunal Supremo de Israel".

Ante este proyecto de ley, la población de Israel se movilizó masivamente durante semanas para exigir al gobierno de Netanyahu detener esta reforma. A pesar de todo, la primera fase de la reforma se aprobó en junio y justo después se convocaron nuevas movilizaciones, algunas de los cuales acabaron con la intervención de la policía. Todo, hace que, antes del ataque del pasado sábado 7 de octubre, el rechazo a Netanyahu ya ocupaba una buena parte de la opinión pública.