El gobierno alemán ha anunciado este lunes que introducirá controles temporales en todas las fronteras terrestres del país con el objetivo de "reducir la migración por vía irregular y mejorar la seguridad interior" a partir del próximo 16 de septiembre. El Ministerio del Interior ha comunicado que ha notificado hoy a la Comisión Europea (CE) su intención de introducir controles en las fronteras con Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante los próximos seis meses, que se sumarán a los ya existentes en las fronteras con Suiza, Austria, República Checa y Polonia. "Hasta que no consigamos una protección estricta de las fronteras exteriores de la UE con el nuevo sistema europeo común de asilo y otras medidas, eso también requiere que vigilemos todavía más de cerca nuestras fronteras nacionales", ha declarado la ministra del Interior, Nancy Faeser, en una comparecencia en Berlín. Los controles temporales en la frontera con Austria están en vigor hasta el 1 de noviembre y en los límites con Suiza, República Checa y Polonia hasta el 15 de diciembre, pero Interior ya ha indicado que se prorrogarán junto con los nuevos controles.
El gobierno alemán estudia un "rechazo masivo" de migrantes en las fronteras
La ministra socialdemócrata ha subrayado que esta medida incluye la posibilidad de rechazar en la frontera los migrantes que sean confiscados con documentación falsa o que no dispongan de visados que les permitan el ingreso en Alemania. En este sentido, Faeser ha asegurado que desde octubre de 2023, cuando se introdujeron los primeros controles temporales a los límites con Polonia, la República Checa, Austria y Suiza, ya se han rechazado 30.000 personas que pretendían ingresar irregularmente. La ministra ha subrayado que en estos momentos la policía alemana solo puede rechazar en la frontera a aquellos individuos que no presentan una solicitud de asilo, pero ha señalado que el gobierno está estudiando cómo poder hacer en un futuro "rechazo masivo" y que ha encontrado una fórmula legalmente sólida que presentará el martes en una reunión con la oposición y con los gobiernos regionales.
Esta medida forma parte de los cambios impulsados desde el ejecutivo alemán en reacción al atentado del pasado mes de agosto en la ciudad de Solingen, en el que un yihadista apuñaló mortalmente a tres personas en un festival e hirió ocho más. El atacante, de origen sirio, vivía en un centro para refugiados, y tendría que haber sido deportado, pero como las autoridades alemanas no lo pudieron localizar el plazo expiró y el país germánico se convirtió en el responsable de mantenerlo bajo el renombre "protección subsidiaria", según explicaron las autoridades. Pocos días después, el gobierno presentó un duro paquete de medidas para endurecer el derecho de armas, reducir las prestaciones a demandantes de asilo ya registrados en otros países y facilitar las deportaciones de criminales violentos, que este lunes ha sido aprobado en el Consejo de Ministros.