El estallido de la guerra en Ucrania ha despertado en la Unión Europea una respuesta sin precedentes, clave para la resistencia de Kyiv: sanciones contra Moscú, ayuda humanitaria, compra y envío de armas, y acogida de personas desplazadas. Todos estos elementos han estado dotados de muchos recursos, sobre todo a la hora de financiar el material ofensivo para la Defensa ucraniana. Concretamente, Josep Borrell anunció a principios de mes 500 millones de euros más en armas para Ucrania​. Sin embargo, es en el recibimiento de las refugiadas ucranianas (en femenino, porque la gran mayoría son mujeres y sus niños), donde varios diputados del Parlamento Europeo ven una clara falta de recursos destinados al gran número de ellas que han sufrido violencia sexual en su viaje hacia la UE. De la misma manera, el recibimiento y relocalización de las mujeres desplazadas ha vuelto a poner en el foco las diferencias entre los estados miembros del bloque comunitario en algunos aspectos relacionados con la libertad, como el aborto. Diferencias que la guerra había conseguido tapar durante algunas semanas, sobre todo en el caso países gobernados por la extrema derecha, como es el caso de Hungría y Polonia. En este sentido, algunos eurodiputados han denunciado en la Cámara Baja europea que las víctimas de violación que llegan a Polonia no puedan abortar, y han reclamado más ayuda y acompañamiento a las mujeres que han sufrido violencia sexual a raíz de la invasión rusa.

Falta de recursos

Los comités de Derechos de las Mujeres y de Libertades Civiles de la Eurocámara han alertado este jueves de la falta de recursos para luchar contra las violaciones de refugiadas ucranianas, informa la ACN. Ambas comisiones se han reunido para debatir la situación de las desplazadas y han coincidido en que son necesarios más recursos humanos y financieros para poder hacer frente al aumento de casos de violación detectados, y también para poder prevenir y frenar el riesgo de tráfico de personas. En relación con las violaciones, la eurodiputada polaca Elzbieta Lukacijewska ha alertado en el debate de los comités que las refugiadas ucranianas que han quedado embarazadas como resultado de una violación no pueden abortar cuando llegan a Polonia porque la legislación de este país lo prohíbe. En este sentido, varias entidades que han participado en el debate han pedido a la Eurocámara que se garantice el acceso de todas las refugiadas a la asistencia sanitaria, psicológica y jurídica. Desde el Consejo Europeo por los Refugiados han pedido que se garantice que las autoridades puedan trabajar con las víctimas a fin de que se puedan abrir investigaciones. "Es un problema que las víctimas de violencia de género o de violaciones no puedan transmitir sus experiencias porque eso dificulta una investigación", han expresado.

Las grandes olvidadas

En relación con el acceso al sistema sanitario, la eurodiputada de Podemos Eugenia Rodríguez Palop ha alertado de que ahora mismo habría 80.000 mujeres ucranianas, desplazadas dentro y fuera del país, que están embarazadas y que no recibirán la asistencia sanitaria que necesitan. Con eso, Rodríguez Palop ha recordado que el 90% de las personas que han huido de Ucrania son mujeres y niños y ha subrayado que las guerras tienen un "impacto de género indudable". "El cuerpo de las mujeres es un campo de batalla y la violencia sexual un arma de guerra", ha expresado. Asimismo, desde la Comisión de Igualdad han apuntado que "cualquier ayuda" tiene que tener en cuenta la "cuestión de género". La Comisión Europea también ha advertido en el debate que hay investigaciones abiertas en varios estados miembros por posibles casos de explotación sexual y laboral. Según la coordinadora de Antitráfico de la CE, Diane Schmitt, es "imprescindible" que las víctimas y la sociedad civil puedan hacer llegar la información sobre situaciones concretas de tráfico a las autoridades policiales a fin de que después se comunique a la Europol. Según Schmitt, desde el inicio de la guerra en Ucrania la CE era consciente del riesgo de tráfico de personas, dado que, antes del conflicto, la nacionalidad ucraniana se encontraba entre las cinco principales nacionalidades víctimas de casos de tráfico. Con eso, la coordinadora de Antitráfico ha remarcado que "se ha hecho mucha gala" de la solidaridad de las personas, pero que no todas tienen "buenas intenciones". Es por eso que Schmitt ha instado en los estados miembros tener un registro de las personas y entidades que proporcionan transporte y alojamiento, y hacer controles de seguridad con el fin de poder seguir la trayectoria de estas personas.