Los 27 miembros de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo sobre migración este miércoles después de que Italia haya dado luz verde en el reglamento de crisis, la última pieza clave que faltaba para cerrar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que habían empezado a preparar hace 4 años. El siguiente paso será iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo para aprobar de forma definitiva este nuevo pacto. El último reglamento que ha aprobado el Consejo de la UE detalla las normas a aplicar en caso de situaciones de crisis o fuerza mayor, como puede ser la llegada masiva de migrantes, y Amnistía Internacional lo ha calificado de "peligroso y desproporcionado".
El reglamento contempla que los estados miembros que reciban un gran número de migrantes puedan aplicar normas específicas en relación con el asilo y el procedimiento de retorno, y que se puedan aplicar medidas de "solidaridad" entre diferentes estados miembros. Sin embargo, Amnistía Internacional ha denunciado que estas medidas suponen "normalizar todavía más" el uso de disposiciones excepcionales en Europa para hacer frente a las llegadas y al mismo tiempo "debilitaría la coherencia del sistema común de asilo europeo y no evitaría que surjan situaciones de crisis al futuro". Así, la entidad en defensa de los derechos humanos ha señalado que el acuerdo permitiría a los estados miembros "retrasar el registro de solicitantes de asilo, canalizar un número muy superior de personas a través de procedimientos de asilo fronterizos de segunda categoría y ampliar la detención en la frontera".
Amnistía Internacional advierte: "Negar los derechos a las personas que piden asilo es peligroso"
La directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, Eve Geddie, ha señalado que las personas que llegan a las fronteras de la UE "tienen que poder solicitar asilo" y que tienen derecho a que sus solicitudes se examinen de forma "justa" y sean recibidas "con dignidad". "Este acuerdo corre el riesgo de dejar personas varadas, detenidas o desamparadas en las fronteras europeas y no hará nada para mejorar la protección de los solicitantes de asilo en la UE. Negar los derechos a las personas que piden asilo es peligroso y una respuesta desproporcionada a situaciones que los países podrían tratar perfectamente de acuerdo con las normas vigentes", ha afirmado Geddie. En definitiva, Amnistía Internacional ha pedido a todas las instituciones europeas que no introduzcan medidas excepcionales que puedan socavar derechos fundamentales. En este sentido, Geddie ha instado a velar por la protección de estos derechos a medida que avancen las negociaciones.
Por otra parte, el reglamento ha introducido el concepto de instrumentalización de la migración, referido en las acciones que puedan llevar a cabo estados u otros actores para facilitar la llegada de migrantes, pero ha establecido que las operaciones de ayuda humanitaria no tienen que considerarse parte de este concepto siempre que no haya un "objetivo de desestabilizar la UE o un estado miembro". La ONG ha rechazado de lleno esta noción y ha advertido que no puede servir para "justificar más derogaciones de derechos".
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado expresa preocupación
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), también ha expresado "preocupación" por la aprobación de un posible nuevo pacto de migración. En un mensaje en X, ha advertido que el nuevo reglamento supone "incluir derogaciones a las normas de asilo y rebajar las garantías de protección", y ha señalado que "la única opción" es alcanzar un "pacto con derechos".