La campaña de los republicanos estadounidenses para prohibir el acceso a un aborto seguro allí donde tienen mayoría continúa imparable después de que el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos (EE.UU.) suspendiera este derecho constitucional el año 2022. El último lugar que sucumbe a este recorte de derechos es Arizona. El Tribunal Supremo de este estado ha prohibido el aborto en casi todos los casos al recuperar una ley impugnada de 1864, que ilegaliza este procedimiento, excepto en aquellos casos en que abortar salva la vida de la persona gestante. La instancia judicial más alta de Arizona ha dictaminado contra el aborto, con penas de hasta cinco años de prisión por incumplimiento, después de que en 2022 el entonces gobernador republicano, Doug Ducey, firmara una ley que prohibía el procedimiento después de las 15 semanas de embarazo.
En 1971, la asociación Planned Parenthood, a favor de los derechos reproductivos y que ofrece abortos, demandó al estado y consiguió acabar con la ley de 1864, ya que un juez falló a favor suyo, pero ahora la situación volvió a cambiar. El Supremo ahora se pronuncia a favor de la obstetra Eric Hazelrigg, que junto con el fiscal del condado de Yavapai, Dennis McGrane, han intervenido en la defensa de la ley de 1864. Hazelrigg dirige una red de centros donde se aconseja a las mujeres embarazadas que no aborten.
En la sentencia se justifica porque se ha cambiado de criterio señalando directamente al dictamen de 2022 del Constitucional estadounidense, controlado por los conservadores. "En ausencia del derecho constitucional federal al aborto, no hay ninguna disposición a la ley federal o estatal que prohíba (la ley de 1864) su aplicación. En consecuencia, (la ley de 1864) es ahora aplicable", ha sentenciado el juez de la Corte Suprema de Arizona. Así pues,
Protestas en contra de la decisión
La sentencia del Supremo de Arizona aterriza en plena campaña electoral para las presidenciales de los Estados Unidos que tendrán lugar a finales de este año. Varias organizaciones proabortistas han salido a la calle y el mismo fiscal general de Arizona, Kris Mayes, ha afirmado que la sentencia es "desmesurada" y considera que "afronta la libertad": "Al anular una ley aprobada este siglo y sustituirla por otra de hace 160 años, el Tribunal ha puesto en peligro la salud y la vida de los ciudadanos de Arizona", ha denunciado. También el presidente de los EE.UU., Joe Biden, cree que la prohibición es "cruel" y, en un comunicado emitido por la Casa Blanca, ha asegurado que "esta sentencia es el resultado de la agenda extrema de los funcionarios electos republicanos que se han comprometido a arrebatar la libertad de las mujeres".