El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado un nuevo traslado masivo de pandilleros a la prisión de alta seguridad del país, llamada Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con capacidad para 40.000 presos y que es "la más grande de América", según el dirigente. Al respecto, ONG internacionales la han llegado a tachar de campo de concentración, por la manera en la que los reos son tratados. Sea como sea, así ha sido el traslado de 2.000 miembros de bandas a la polémica megaprisión de El Salvador.
En un tuit, Bukele ha informado de que los criminales han sido trasladados desde las prisiones ubicadas en Izalco (oeste), Ciudad Barrio (este) y San Vicente (centro). "Pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde la prisión", ha asegurado.
Hasta que el presidente salvadoreño ha publicado el tuit, las autoridades del país no habían informado sobre el movimiento de presos, de modo que se desconocen muchos detalles del traslado. El dirigente tampoco ha detallado cuántos miembros de bandas hay en el mencionado centro penitenciario, de 23 hectáreas y que fue inaugurado en enero del año pasado. Se trataría del tercer movimiento de pandilleros a la megaprisión, después de los que se realizaron en febrero y en marzo de 2023.
La construcción de la cárcel generó muchas críticas entre la oposición, que ha denunciado la falta de transparencia derivada de una ley aprobada para saltarse los controles en las obras estatales. Además, el proyecto se desarrolló en el marco de un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir las bandas, después de una escalada de homicidios que llegó a cobrarse la vida de 80 personas en solo tres días. La excepción se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 días, a petición del gobierno salvadoreño. Según los datos oficiales, se ha detenido a más de 80.000 personas y 7.000 han sido puestas en libertad condicional. El ejecutivo atribuye a este régimen grande parte de la disminución de la violencia, ya que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones. De hecho, la medida goza de amplia popularidad y fue la principal baza de Bukele para conseguir su reelección inmediata, aunque la Constitución lo prohíba. Las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones de derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración.