El ideólogo de la extrema derecha, Steve Bannon, ha sido acusado de desacato por el Departamento de Justicia y Fiscalía General de los Estados Unidos para no colaborar con la investigación del asalto al Capitolio, donde murieron cinco personas.
La fiscalía ha imputado a Bannon un doble delito de desacato por dos hechos concretos: negarse a declarar y a llevar los documentos requeridos por la comisión de la Cámara de Representantes que está investigando los hechos. En caso de ser condenado por este delito, Bannon se enfrentaría a una condena de un año de prisión y hasta 100.000 dólares de multa, según recoge The Guardian.
Según ha informado la CNN, una orden de detención contra Bannon ya habría sido firmada por un juez, mientras que MSNBC dijo que se esperaba que se entregara el lunes y compareciera en el juzgado aquella tarde.
El asesor por excelencia de la extrema derecha occidental se excusó en su momento para no comparecer ante el comité alegando que había que posponer su declaración hasta otras demandas en torno a caso se resolvieran. Todo no ha sido considerado una excusa suficiente para la fiscalía que ha salido adelante con su acusación.
Bannon no es lo único del entorno del expresidente Donald Trump con el cual se tropieza con la justicia por el asalto al Capitolio y se niega a colaborar. Mark Meadow, ex jefe de gabinete de Trump, también se niega a comparecer ante la comisión y todo apunta que sufrirá las mismas consecuencias que Bannon.
Trump con la soga en el cuello
Una jueza federal en los Estados Unidos resolvió el martes por la noche en contra del expresidente Donald Trump en su intento de mantener ocultos unos documentos sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.
Trump invocó un presunto "privilegio ejecutivo" para reclamar que los documentos, básicamente detalles sobre los cuales pasaba en la Casa Blanca mientras pasaba el asalto, en su pugna judicial con la comisión investigadora.
Todo no convenció a la magistrada, Tanya S. Chutkan, quien defendió que la "posición (de Trump) que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo parece basarse en la noción de que su poder ejecutivo existe a perpetuidad". "Pero los presidentes no son reyes, y el demandante no es el presidente", añadió.