El primer ministro británico, Boris Johnson, ha desafiado la Unión Europea y ha presentado este lunes en el parlamento un proyecto de ley que pretende anular unilateralmente partes del protocolo suscrito con la UE sobre Irlanda del Norte, un acuerdo que forma parte del Brexit. Entre otro medidas, la nueva legislación prevé eliminar la jurisdicción de Justicia de la UE (TJUE) sobre las disputas referidas en Irlanda del Norte. Johnson tensa al máximo las relaciones con Europa con esta ley que ha presentado a la cámara. Bruselas ya ha anunciado que contraatacará. Hoy ha asegurado que reactivará el primer procedimiento de infracción que tiró contra el Reino unido en marzo de 2021 para vulnerar el protocolo. Un expediente sancionador que se congeló el otoño para dejar espacio a la negociación para encontrar soluciones conjuntas a los problemas en Irlanda del Norte.
La ministra de Exteriores británica y encargada de liderar las negociaciones por el Brexit, Liz Truss, ya avisó de la intención del ejecutivo de Boris Johnson de tramitar un proyecto de ley que girara algunas disposiciones y aspectos de esta norma en Irlanda del Norte. El protocolo determina y fija los controles sobre las mercancías que entran a Irlanda del Norte procedentes de Gran Bretaña o de un tercer país, de manera que Irlanda del Norte queda sujeta al código de aduanas de la Unión Europea con el objetivo de "evitar una frontera terrestre y física" entre Irlanda e Irlanda del Norte, dado que los primeros forman parte de la Comunidad Europea.
La publicación de la proposición de ley se convierte en una amenaza muy grande contra Johnson y un duro enfrentamiento contra Bruselas. En menos de 24 horas, el ejecutivo británico puede acabar enfrentado con siete rivales: todos los diputados conservadores furiosos con la idea de que Johnson se enfrente a la legalidad internacional, los miembros independientes de la cámara dispuestos a retrasar y enmendar el texto, las asociaciones empresariales de Irlanda del Norte que quieren mejoras en el texto, la oposición laboralista y un buen número de abogados activistas a en contra del movimiento.
Aunque Truss afirmó que seguirán negociando con la Unión Europea la reforma de este protocolo —ha instado al vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, a reunirse "tan pronto como sea posible"—, la titular de Exteriores del Reino Unido sostiene que estos cambios son "necesarios" porque, hoy por hoy, la normativa compromete el Acuerdo de Paz del Viernes Santo de 1998 entre Irlanda e Irlanda del Norte. El gobierno británico apunta que la aplicación de la normativa no se ha completado y que ha generado problemas "prácticos". En concreto, hacen referencia a la "escasez de productos" y también a la crisis política que se deriva: el Partido Democrático Unionista (DUP), que quedó segundo en las últimas elecciones, está cerrando la formación del gobierno en Irlanda del Norte con Sinn Féin al frente porque exigen que se efectúen cambios de manera inminente al protocolo. De hecho, estas dificultades para configurar al ejecutivo son las que "socavan el acuerdo de paz", según el gabinete de Johnson, y por eso entienden que tienen que actuar para "restablecer el equilibrio".
Sobre esta solución, Liz Truss ha detallado en el hemiciclo que esta tiene que ser "completa y razonable", es decir, que "reduzca" los controles entre Irlanda del Norte y el resto del país británico, y que así lo han trasladado a la Unión Europea. Eso sí, el tope, según la ministra de Exteriores del Reino Unido, es que el vicepresidente europeo, Sefcovic "no puede aceptar la solución porque supondría renegociar el protocolo y no tiene mandato para hacerlo". Esta eliminación de algunos de los controles aduaneros que pone encima de la mesa Londres paso, por ejemplo, para que los bienes que provengan de Gran Bretaña y que estén destinados sólo para el consumo en Irlanda del Norte queden exentos de estos controles en que se aplican a los que van hacia Irlanda (que forma parte de la UE). Este "corredor verde", tal como la nombra el ejecutivo del Reino Unido, funcionaría con un sistema informático que monitorearía los movimientos de productos a tiempo real, pero Europa duda de esta opción y cree que el acceso ofrecido es "insuficiente".