El Consejo de la Unión Europea, el órgano que cuenta con la representación de los 27 países de la UE para tomar decisiones, ha llegado a un acuerdo por tener una posición común sobre la propuesta de crear un único cargador universal de tipo USB-C que pueda servir para todos los teléfonos móviles, tabletas, cámaras, altavoces y videoconsolas. De hecho, ya hace varios meses que este planteamiento circula entre los diferentes órganos europeos. La Comisión Europea planteó actualizar la directiva europea sobre equipos radioeléctricos con el fin de conseguir que haya un único cargador universal válido para todos los dispositivos electrónicos posibles. La medida se justifica, principalmente, por el ahorro que supondría en la generación de millones de residuos y, al mismo tiempo, para evitar la fabricación de tantos cargadores diferentes.
Precisamente, uno de los compromisos que recoge el programa del mandato de la presidencia del Consejo de la UE entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, que recae en manos de Francia y, concretamente, en la figura de Emmanuel Macron, es la armonización del uso de un cargador útil para varios aparatos. En concreto, el texto señala que "la presidencia trabajará para los diferentes proyectos que contribuyan a un marco armonizado dentro del mercado único, garantizando al mismo tiempo la protección sólida del consumidor". En este sentido, el ejemplo que citan es "la propuesta de un cargador que haría la vida más fácil para los usuarios y permitiría cumplir con los objetivos medioambientales".
A pesar del impulso de este acuerdo en el seno del Consejo de la Unión Europea, ahora se tendrá que pactar un texto definitivo sobre este cargador con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea. Bruselas sigue, pues, intentando avanzar en la total armonización de uso de un solo cargador. A partir del 2009, empezaron a impulsar acuerdos con los principales fabricantes de dispositivos tecnológicos para reducir el número de cargadores que había en el mercado. De hecho, se consiguió pasar de 30 existentes a sólo 3: el USB 2.0 Micro B, el USB-C y el Lightning, que es el que utilizan sólo los aparatos de Apple. El mandato sobre esta reducción, sin embargo, se agotó en el 2014. Ahora, la propuesta concreta es que sólo el segundo de los tres mencionados anteriormente sea el que se pueda utilizar para todo el resto de dispositivos, independientemente de la marca que los fabrica y de los diferentes modelos que tengan estas empresas. La elección del cargador USB-C se explica porque, según un estudio, el 44% de los móviles que se comercializaron en la Unión Europea en el 2019 funcionaban con este puerto.
En relación con la venta de los aparatos, la Comisión considera que se tienen que poder vender con el cargador universal incluido o también sin, de manera que todavía se reduzca más la emisión innecesaria de residuos que este proceso genera. En este contexto, los veintisiete países miembros de la UE están de acuerdo en el hecho de que hay que incluir en el texto que se acuerde un anexo que especifique que se fija la obligatoriedad que los productos tengan un pictograma que aclare si estos venden con cargador o no y otro anexo que también obligue a incluir un papel con especificaciones técnicas. Si finalmente esta propuesta se aprueba, habrá un periodo de transición de dos años.
La Comisión presenta una declaración de principios y derechos digitales
Este miércoles, la Comisión Europea ha presentado una declaración de principios y derechos digitales que defiende "no dejar atrás en la era de internet" a las personas mayores. En este sentido, en el texto detallan que "la tecnología tiene que servir y beneficiar a todos los europeos y empoderarlos para perseguir sus aspiraciones, con total seguridad y respecto de sus derechos fundamentales". "La revolución digital se tiene que llevar a cabo sin dejar a nadie atrás, en particular a las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas marginadas, vulnerables o privadas de sus derechos", indica el documento. El objetivo de esta declaración es que "las personas estén en el centro de la transformación digital".
Entre los derechos que se promueven, está la ley de servicios digitales o la norma sobre la inteligencia artificial. La primera de estas obliga a la "transparencia" de las grandes firmas tecnológicas. En esta línea, se pide "información" relativa al funcionamiento de los algoritmos que determinan el contenido de aquello que los ciudadanos ven en internet, mientras que la legislación sobre inteligencia artifical impide que esta se pueda utilizar para la vigilancia masiva. Otro de los compromisos de esta declaración es que Europa garantice que cualquier ciudadano de la comunidad "tenga acceso" a la conexión en internet de alta velocidad "vivan donde vivan y sean cuales sean sus ingresos". Para promoverlo, se utilizarán fondos europeos que "impulsen la digitalización". El derecho a la desconexión y a la privacidad también quedan recogidos en esta declaración.