Un asesor del entorno más cercano de Trump que ejerce como subdirector de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha rechazado este lunes que el juez federal que paralizó de forma temporal la ley para acelerar las deportaciones a El Salvador disponga de competencias para hacerlo, informa la agencia Efe. "Si un juez de distrito puede intervenir en la conducción de nuestra política exterior, no tenemos, bajo ningún concepto, una democracia en este país", ha manifestado en declaraciones a la prensa Miller, considerado el artífice de la política sobre migración del presidente de los Estados Unidos.

Trump defendió el pasado viernes la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que lleva sin aplicarse desde la Segunda Guerra Mundial, para dar un empujón a las deportaciones contra supuestos miembros de la banda transnacional Tren de Aragua. De acuerdo con sus declaraciones, la banda, que tiene su origen en las prisiones venezolanas, "está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio".

Prohibición preventiva

El mismo viernes, antes incluso de su invocación, el magistrado James Boasberg, de la corte del Distrito de Columbia, prohibió de forma preventiva que la norma se pudiera aplicar. A pesar de ello, dos de los vuelos que transportaban a 261 deportados, de los cuales 238 venezolanos, ya habían iniciado el viaje hacia El Salvador, según la Casa Blanca, aunque el juez federal ordenó que las aeronaves dieran la vuelta si era necesario "inmediatamente".

"El pueblo estadounidense dijo que hay que sacar a estas bandas terroristas de nuestro país, el presidente tiene plena autoridad en virtud de la Constitución, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, en virtud de los poderes fundamentales del artículo 2 para lograrlo", ha manifestado Miller. Según el asesor presidencial, "durante mucho tiempo" el poder en Estados Unidos, "se ha concentrado en dos ámbitos: la burocracia no elegida y el poder judicial no elegido". "En el caso de la izquierda extrema, el poder judicial toma medidas para proteger a la burocracia y eso, además, reduce el círculo en el que se da la democracia", ha afirmado al respecto.

"Si llegamos a un punto en este país en el que los jueces de los tribunales de distrito pueden interferir y dirigir objetivos específicos o no, y decir quién debe controlar el territorio, ¿podrían dirigir qué general en el campo de batalla va a estar a cargo de tomar qué decisiones?", ha preguntado. Y ha añadido: "¿Podrían decidir dónde podemos enviar activo militar, a este país sí pero no a este país? ¿Podría dirigir qué inteligencia podríamos compartir con Israel frente a Arabia Saudí?".